Laura A. García
El Buen Tono
Cuitláhuac.- La toma del ingenio Azucarera San José de Abajo, propiedad de Mario Echeverría, que llevaron a cabo cañeros por un adeudo, impidió ingresar a 350 obreros, a quienes la empresa, además de negarse a pagarles los días de inactividad, se los tomará a cuenta de vacaciones.
La medida, que la empresa implementó de forma unilateral, generó inconformidad entre los trabajadores.
Denunciaron que la dirección les transfirió el costo económico de un conflicto que les es ajeno y en el que nada tienen que ver.
Refirieron que, en la factoría, en las últimas fechas, constantemente atropellan sus derechos uno tras otro, la Ley Federal del Trabajo les otorga el derecho a 35 días de vacaciones pagadas, pero en este periodo sólo tuvieron 18 días de descanso, debido a que los convocaron de urgencia para reintegrarse a sus labores.
Ahora, ante la toma de las oficinas por parte de un grupo de cañeros, quienes exigen el pago de adeudos por la compra de materia prima, la administración del ingenio decidió suspender actividades.
Pero en lugar de asumir la paralización como una situación de caso de fuerza mayor, optó por imponer a los obreros un descanso forzoso, descontándolo de sus ya interrumpidas vacaciones y, lo que es más grave, sin goce de sueldo.
Preferencia
Mientras tanto, se reporta que a los empleados de confianza se les otorgó un permiso especial de 10 días, lo que evidencia un trato desigual y discriminatorio contra la base obrera.
Ante esta maniobra, que los trabajadores consideran una violación a sus derechos contractuales y a la ley, el Comité Ejecutivo de la sección sindical se reunió de emergencia.
Tras analizar la situación, acordaron acudir de inmediato a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para presentar una queja formal y exigir el pago de los días que dure el paro.
“Vamos a impedir que se nos vulneren nuestros derechos de esta manera. Nos llamaron antes de tiempo de nuestras vacaciones legítimas y ahora, por un problema que es entre la empresa y los productores de caña, quieren que paguemos nosotros las consecuencias. Exigimos que la empresa asuma su responsabilidad y nos pague estos días de inactividad forzada”, explicó un obrero.
La actitud de la Azucarera San José de Abajo es un ejemplo de las prácticas laborales lesivas que aún persisten en la región.
Transferir el costo de un conflicto empresarial a los bolsillos de los trabajadores, quienes son la parte más vulnerable de la cadena productiva, no solo es injusto, sino que constituye una abierta transgresión a la ley vigente.
La empresa, en lugar de buscar soluciones dialogadas con las organizaciones cañeras y proteger los ingresos de su plantilla laboral, elige una salida que profundiza el conflicto y penaliza a quienes menos tienen que ver con la situación.
