Aunque pueden auditar a gobiernos salientes, el impugnado Manuel Alonso ya se descartó: “No vamos a encontrar nada”
Tinta Ácida
EL BUEN TONO
Veracruz.- Los ayuntamientos que asumirán funciones en 2026 tendrán la facultad de revisar nuevamente las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025, si así lo acuerdan en sesión de cabildo, de acuerdo con la normatividad vigente. Esto representa una herramienta de control clave frente a posibles omisiones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y abre la puerta a que se deslinden responsabilidades por actos de corrupción y manejo irregular de recursos públicos.
Sin embargo, en Córdoba, esta facultad parece estar destinada al archivo. El impugnado Manuel Alonso Cerezo, quien aún enfrenta múltiples procesos por la vía electoral, ya adelantó públicamente que no se revisará nada de la administración de Juan Martínez Flores, con el argumento de que “seguramente no encontraremos irregularidades”.
Lo anterior confirma el pacto de impunidad entre el actual y el futuro gobierno municipal. Manuel Alonso Cerezo, señalado por liderar una red de lavado a través del Cártel Inmobiliario, llega a encubrir a Juan Martínez.
Mientras la ley le da a los nuevos cabildos la posibilidad de actuar con autonomía y firmeza, en Córdoba se perfila un gobierno que no auditará nada, no cuestionará nada, y no corregirá nada. La continuidad del desastre administrativo está garantizada.
