CD. DE MÉXICO.- Las horas como gobernador de Veracruz, de Javier Duarte de Ochoa, parece que están contadas, luego de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), votó por suspender sus derechos como militante, ante las acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado.
Pero lo sorprendente de este caso y lo que nadie esperó, es que otros seis integrantes del gabinete duartista fueron suspendidos también, luego de reuniones estratégicas que la PGR ha sostenido con la cúpula priista en las últimas semanas, así como con legisladores en ambas cámaras.
Ante las múltiples acusaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, al que se le acusa de no poder explicar cuál ha sido el destino de al menos 120 mil millones de pesos y cuyas investigaciones formales ha desarrollado la PGR, el secretario de Acción Electoral del CEN del PRI, Arturo Zamora, informó de manera oficial el acontecimiento.
“Además del caso de Duarte, fueron suspendidos los derechos de otros seis personajes: Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez”, hizo oficial el secretario de Acción Electoral del Tricolor, en su cuenta oficial de Twitter esta tarde.
El anuncio hecho por Arturo Zamora, es un duro golpe para la administración duartista, ya que incluye al menos a cuatro secretarios de Finanzas y su secretario de Seguridad Pública, un hecho sin precedentes en la vida política del Estado de Veracruz, que a partir del uno de diciembre será gobernado, por primera vez, por un titular emanado de la oposición.
El artículo 146 del Código de Justicia Partidaria, señala que la suspensión temporal procede cuando un militante está sujeto a proceso penal en el caso de delitos dolosos.
La suspensión aplicaría el tiempo que tarde en dictarse una sentencia sobre la investigación.
El también Senador e integrante de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, detalló que el Código de Justicia Partidaria contempla tres resultados cuando un integrante del partido lleva a cabo algunas actividades que coinciden con esas causales y las consecuencias son: pérdida de la militancia, suspensión de los derechos partidarios o la expulsión del partido.
Insistió que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria debe actuar conforme a Derecho y negó que sea un proceso simulado, como lo han reiterado los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, quienes han insistido en especial en que el Gobernador veracruzano rinda cuentas ante las autoridades, por el estado que guarda su Entidad.
“El presidente Enrique Ochoa lo ha dicho claramente y nosotros por supuesto que de ninguna manera admitimos que esto sea un proceso de simulación. Es momento de tomar decisiones al interior del partido, para hacer patente nuestro Sistema Nacional Anticorrupción y también le pedimos a los demás partidos que hagan lo correspondiente con sus militantes que han incurrido”, acusó.
