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Red de corrupción: Servidores públicos abandonan su deber para operar la campaña de Manuel Alonso Cerezo

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De la Redacción
EL BUEN TONO

Córdoba, Ver.- El círculo de la corrupción que rodea al lavador del crimen organizado, líder del cartel inmobiliario e impugnado,Manuel Alonso Cerezo se hace más evidente. Funcionarias señaladas por omisión, opacidad y presunto desvío de recursos forman parte activa de su equipo, reforzando la percepción de que la estructura del candidato impugnado se alimenta de perfiles con historial cuestionable.


Número uno: Maribel Calatayud Ramos, coordinadora del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar del DIF de Córdoba. Su puesto implica estar disponible 24/7 para atender a mujeres en situación de violencia. Sin embargo, ha sido vista acompañando actos proselitistas del impugnado y participando incluso en la grabación de videos promocionales. Su ausencia institucional y abierta participación política plantea una grave irresponsabilidad administrativa y ética.


Le sigue Juanita Cortés Mendo, directora de la primaria Adolfo López Mateos de Fortín, por padres de familia por su presunta complicidad en la malversación de recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra”. En agosto del año pasado, con la protección del entonces delegado de la SEV, Rogelio Gamboa, se ignoraron las demandas de los tutores que pedían una auditoría y su destitución.

A esta red se suma Francisco Arenas, exfuncionario de la SEV, señalado por operar y manejar recursos a favor de Aldo Valerio Zamudio. Arenas fue responsable de desviar fondos destinados a viáticos y gastos operativos, fungiendo como operador financiero del entonces titular. Con este antecedente su nombre suena como posible tesorero,( para encubrir a Isaac Luz), en el eventual gobierno del lavador del Crimen Organizado,Manuel Alonso Cerezo, confirmando que el equipo del impugnado se compone de perfiles asociados a prácticas irregulares y corrupción administrativa.


Ambas funcionarias y este operador financiero, hoy convertidos en brigadistas y posibles funcionarios del impugnado Manuel Alonso Cerezo, contribuyen a una campaña marcada por el descrédito: un aspirante denunciado por lavado de dinero, acusado de violencia y señalado como líder de una red de despojos conocida ya como el “Cártel Inmobiliario” en Córdoba. La alianza de Cerezo con perfiles cuestionables no sólo exhibe el tipo de gobierno que pretende imponer, sino la clase de operadores que lo sostienen.

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