AGENCIA
Nacional.- Las redadas antiinmigrantes implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no debieron sorprender al gobierno de México, aseguran líderes de organizaciones civiles que desde 2022 advirtieron y ofrecieron un plan para proteger a los connacionales ante el posible regreso del republicano al poder.
En entrevista, defensores de migrantes denunciaron que la administración de Andrés Manuel López Obrador -y ahora la de Claudia Sheinbaum- ignoró su propuesta de crear una red de abogados de respuesta rápida en Estados Unidos. Aseguran que el plan fue presentado formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero terminó archivado sin explicación.
Juan José Gutiérrez, activista con más de 30 años de lucha en favor de los derechos de los indocumentados, recordó que el documento titulado “Plan de acción para los mexicanos en el exterior 2022-2024” contenía 37 propuestas, entre ellas la creación de esa brigada legal. Sin embargo, fue eliminado por funcionarios del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
A pesar de que el gobierno mexicano afirma tener miles de abogados disponibles, organizaciones civiles aseguran que no han recibido el nombre de uno solo. “Nos dijeron que eran 300, luego tres mil, pero ni uno nos han mostrado”, afirma Gutiérrez.
Mientras tanto, las redadas de Trump ya tienen efectos devastadores: familias separadas, padres detenidos, niños sin custodia legal y migrantes obligados a autodeportarse o vender sus bienes para enfrentar una eventual detención.
Los abogados que antes cobraban cinco mil dólares por un caso migratorio ahora piden al menos 7 mil 500, según relatan migrantes y defensores. Aun así, muchos terminan en centros de detención bajo condiciones que violan los derechos humanos.
El diputado federal migrante, Aniceto Polanco, también lamentó la falta de apoyo concreto del gobierno mexicano y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum transparentar cuánto presupuesto se destinará para la defensa legal de los connacionales. “Se dice que se va a duplicar, pero no sabemos cuánto es ni cómo se va a distribuir”, señaló.
Como contraste, el gobernador de California, Gavin Newsom, comprometió 75 millones de dólares para defender a los migrantes en su estado.
La abogada Noemí Ramírez confirmó que la mayoría de los migrantes deben pagar su defensa legal por cuenta propia. Incluso, explicó, muchas familias mexicanas en EU están haciendo arreglos para dejar custodia de sus hijos o vender sus casas ante el temor de ser detenidos.
El presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en América del Norte, Sergio Aguirre, señaló que no habían vivido una situación tan crítica desde que comenzaron las redadas. En su comunidad, dice, los niños no asisten a clases y las familias viven bajo pánico constante. “Es la pesadilla americana”, lamentó.
Frente al temor y la incertidumbre, las organizaciones civiles insisten en que los migrantes mexicanos, quienes enviaron más de 65 mil millones de dólares en remesas, merecen más que discursos y condecoraciones. Exigen acciones concretas, presupuesto claro y representación legal efectiva.
