AGENCIA
*Tras 45 días de operativos masivos, una jueza federal frena las detenciones arbitrarias basadas en perfil racial y da la razón a organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los Ángeles, California.- Durante mes y medio, los vecindarios latinos del sur de California vivieron bajo un clima de miedo e incertidumbre, provocado por una oleada de redadas ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Desde el 6 de junio hasta mediados de julio, se registraron en promedio diez detenciones diarias, concentradas principalmente en barrios del Valle de San Fernando, según reportes de la organización Chirla (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes).
En total, 471 redadas fueron documentadas por Chirla en ese periodo. En la mayoría de los casos, los agentes llegaban sin uniforme oficial, pero con ropa táctica y chalecos, en camionetas sin insignias, y apuntaban sus acciones contra personas de apariencia latina, sin orden judicial ni causa justificada.
Detenciones basadas en perfil racial
Las víctimas fueron, en muchos casos, trabajadores de la construcción, cocineros, jardineros, mujeres embarazadas e incluso ciudadanos estadounidenses o residentes legales, seleccionados por su apariencia étnica, por hablar español o por encontrarse en lugares como paradas de autobús, supermercados o iglesias. “Las redadas de ICE son una campaña de miedo, terror y discriminación racial”, denunció Chirla en un comunicado.
Los datos recabados por la organización revelaron que zonas con alta concentración de población latina fueron los principales blancos:
- Panorama City, con 42% de habitantes hispanos, registró 21 redadas.
- Pico Rivera, donde el 90% de la población es latina, sufrió al menos 18 operativos.
- En Los Ángeles, donde el 65% de los residentes son de origen latino, se reportaron 15 redadas.
El objetivo no declarado, pero evidente, era cumplir con la política de la administración Trump de detener a 3 mil “bad hombres” diarios, sin respetar garantías constitucionales.
Acción judicial y freno a las redadas
El 11 de julio, un tribunal federal dictó dos órdenes de restricción temporales (TRO) que prohíben a los agentes de ICE realizar detenciones sin causa razonable y específicamente por motivos de raza, idioma o tipo de empleo. También se ordenó que los detenidos tengan acceso a un abogado en todo momento, incluidos fines de semana y días festivos.
A esta demanda se unió el gobierno de la ciudad de Los Ángeles, encabezado por la alcaldesa Karen Bass, quien anunció una moción legal para sumarse al litigio presentado por organizaciones defensoras de migrantes. La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong autorizó, el 30 de julio, que otras ciudades también se unan al caso judicial, reforzando el argumento del uso sistemático del perfil racial como criterio de detención por parte del ICE.
Retiro de la Guardia Nacional
El mismo 30 de julio, como señal de desescalada, el Pentágono retiró a mil elementos de la Guardia Nacional de las calles de Los Ángeles. Solo 250 efectivos permanecen activos en tareas de resguardo de instalaciones federales, como el Centro Metropolitano de Detención, epicentro de múltiples protestas ciudadanas contra las redadas.
La ofensiva migratoria de ICE, lejos de cumplir objetivos de seguridad, sembró temor generalizado en comunidades latinas, paralizó la vida cotidiana en barrios enteros y generó un fuerte rechazo social. Hoy, gracias a la movilización de organizaciones y decisiones judiciales clave, las redadas sin fundamento legal están, al menos por ahora, bajo control en California.
