De la redacción
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- Alejandro Alvarado Reyes, representante legal de la empresa Iberoazteca 2000 SA de CV, concesionaria de los Módulos de Expedición de Licencias de Manejo en el estado de Veracruz, ha dejado un tendal de quejas y deudas tras su salida.
Los arrendadores de los locales que ocupaba la empresa, denuncian que Alvarado Reyes y su compañía se fueron sin pagar la renta, incumpliendo sus obligaciones contractuales y dejando un vacío de responsabilidad que ha afectado a propietarios y empleados por igual.
Según los afectados que dieron reporte, Iberoazteca 2000 no sólo abandonó los locales semanas después del vencimiento de su contrato, sino que también ha ignorado las llamadas y reclamos de los arrendadores, quienes se sienten abandonados y desprotegidos ante la falta de respuesta de las autoridades.
Los dueños de los inmuebles han acudido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para exigir que se haga valer el contrato y se apliquen las cláusulas correspondientes, pero hasta el momento no han obtenido ninguna solución.
Los arrendadores aseguran que la empresa actuó con impunidad y desdén hacia sus compromisos.
“Es una lástima que gente que no es ni veracruzana, pero que gozó de privilegios y ganó dinero a manos llenas, ahora deje adeudos y problemas a su paso”, expresó uno de los afectados, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
“Protegidos por una mala administración que los cobijó hasta el último día, ahora se van sin asumir responsabilidades”, agregó uno de los denunciantes.
Ante esta situación, los arrendadores confían en que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ahora encabezada por un militar, actuará con firmeza para hacer cumplir la ley y obligar a la empresa a saldar sus deudas.
“Esperamos que esta nueva administración no permita que empresas como Iberoazteca 2000 sigan evadiendo sus responsabilidades. Alejandro Alvarado Reyes y su empresa deben responder por sus actos”, concluyeron los afectados.
Mientras tanto, la sombra de la impunidad y la falta de transparencia sigue pesando sobre este caso, que refleja una vez más los desafíos que enfrentan los ciudadanos y empresarios honestos ante prácticas irresponsables y abusivas.
