De la redacción
El Buen Tono
Una operación de la Secretaría de Marina (Semar) dejó al descubierto una situación preocupante frente a las costas de Topolobampo, en Sinaloa. Este jueves 30 de octubre, 28 jóvenes —27 de ellos menores de edad— fueron rescatados de una embarcación que navegaba ilegalmente y con sobrecupo.
El hallazgo generó una rápida movilización de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), quienes asumieron la custodia de los jóvenes.
Durante el patrullaje de rutina, la Semar detectó la embarcación sin permisos ni registro. Al inspeccionarla, encontraron que la mayoría de los tripulantes eran adolescentes de entre 14 y 17 años, visiblemente cansados, deshidratados y sin documentos de identidad. Fueron trasladados al puerto de Topolobampo para recibir atención médica y psicológica, y posteriormente al centro comunitario en Los Mochis, donde permanecen bajo resguardo oficial mientras se determina su situación jurídica.
Inicialmente se habló de un posible secuestro masivo, pero el Síndico Municipal de Topolobampo, Ulises Pinzón, aclaró que los jóvenes habían sido contratados como jornaleros para trabajar en La Paz, Baja California Sur.
La FGE de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para determinar si los menores fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral. Hasta ahora no hay detenidos, aunque se analiza la participación de intermediarios que habrían reclutado a los jóvenes con la promesa de empleo temporal en campos agrícolas del noroeste del país.
Actualmente, los 28 jóvenes están bajo el resguardo del SIPINNA y la Vicefiscalía Regional, recibiendo atención médica, psicológica y legal, mientras se localizan a sus familias. Autoridades federales estudian la posibilidad de trasladar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) debido al traslado marítimo interestatal, que podría involucrar delitos de competencia federal.
El caso subraya la importancia de reforzar la protección de menores y prevenir la explotación laboral en regiones vulnerables del país.
