AGENCIA
Campeche, Camp.- En un hecho sin precedentes recientes en México, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May resolvió este martes que el diario Tribuna de Campeche y su exdirector, Jorge Luis González Valdez, deberán someter cualquier contenido relacionado con la gobernadora Layda Sansores a la autorización previa de un interventor judicial, nombrado por el Tribunal Superior del Estado de Campeche.
La medida incluye una vigilancia directa sobre las publicaciones, opiniones y declaraciones públicas de González Valdez, quien deberá abstenerse de “actuar, declarar u opinar sobre Sansores” y no podrá difundir imágenes o textos que la mencionen sin autorización previa. Incluso, cuando el periodista participe en programas, conferencias o actos públicos, deberá estar acompañado por el interventor, quien actuará como censor oficial.
Con más de 40 años de trayectoria periodística, González Valdez calificó estas medidas como “excesivas, aberrantes y violatorias de mis garantías individuales”, subrayando que representan un nivel de censura institucional no visto en Campeche en décadas. “Están queriendo imponer un modelo donde cualquier crítica al poder debe pasar por filtros oficiales, algo que contradice principios básicos de la democracia”, expresó.
La jueza Huitz May justificó su resolución bajo el argumento de proteger los derechos de la gobernadora Layda Sansores, señalando que no busca suprimir la libertad de expresión sino “prevenir ataques que hiendan su dignidad”. Sin embargo, organizaciones de medios y defensores de derechos humanos han advertido que este tipo de medidas judiciales abre un peligroso precedente de censura previa en México.
Un clima preocupante
para la libertad de prensa
El caso de Tribuna se suma a una serie de hechos que han encendido alertas entre periodistas y organismos de defensa de derechos humanos. La Alianza de Medios MX reportó recientemente un incremento de demandas civiles por “daño moral” contra periodistas, así como iniciativas legislativas en estados como Michoacán y Sinaloa que buscan imponer sanciones por “apología de la violencia” o “violencia digital”.
A nivel nacional, el caso de Karla Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras emitir opiniones en redes sociales contra una candidata, también ha sido señalado como un ejemplo de uso excesivo de sanciones judiciales contra expresiones ciudadanas.
Distintas organizaciones, entre ellas Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, han subrayado que la censura previa -como la impuesta en Campeche- es una práctica incompatible con los principios democráticos y la protección de los derechos humanos, recordando que el artículo 7 de la Constitución mexicana prohíbe explícitamente “la censura previa a la libertad de imprenta”.
El debate sobre los límites entre el derecho al honor y la libertad de expresión seguirá activo, pero especialistas insisten en que la judicialización de las opiniones y el uso de figuras como el interventor oficial para controlar publicaciones representa un retroceso grave para la democracia mexicana.
Una crítica necesaria
La imposición de filtros previos a la prensa por vía judicial debería encender alarmas más allá de Campeche. Si se normaliza que el Poder Judicial determine qué puede o no decir un medio de comunicación sobre un gobernante, se estaría minando uno de los pilares básicos del periodismo libre: la posibilidad de investigar y cuestionar sin permiso previo del Estado.
A pesar de que el caso se enmarca bajo el argumento de proteger la dignidad de una figura pública, organizaciones defensoras de la libertad de expresión recordaron que en una democracia el escrutinio al poder no debe estar sujeto a autorización judicial previa, por el riesgo de convertirlo en herramienta de censura y control político.
