AGENCIAS
MÉXICO.- Una investigación periodística reveló que al menos 15 familiares directos de senadores de la República están integrados en la nómina del Senado, lo que representa un gasto anual superior a 8.3 millones de pesos con recursos públicos, de acuerdo con el reporte citado.
El análisis detalla que los familiares ocupan principalmente plazas de asesores legislativos, asistentes y personal de apoyo administrativo, con salarios que oscilan entre los 10 mil y los 100 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel del cargo y la adscripción dentro de los grupos parlamentarios.
La investigación identifica que estos casos involucran a legisladores de Morena, Partido del Trabajo, PRI y Movimiento Ciudadano, e incluyen hijos, hermanas, sobrinos, nietas y otros parientes directos, lo que ha generado señalamientos de posible conflicto de interés y uso discrecional de recursos públicos.
De acuerdo con el marco legal, el Artículo 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe el nepotismo cuando un servidor público interviene en la contratación de familiares hasta el cuarto grado de parentesco, lo que incluye hijos, hermanos, tíos y sobrinos, así como cónyuges o concubinos.
El reportaje señala que, aunque algunas contrataciones se realizan mediante los grupos parlamentarios del Senado, estas estructuras han sido señaladas como una vía para canalizar contrataciones sin que el legislador aparezca como responsable directo de la plaza.
El gasto total reportado de 8.3 millones de pesos anuales se calcula con base en la suma de los salarios brutos de estas plazas, financiadas completamente con el presupuesto del Senado de la República.
Especialistas en transparencia y rendición de cuentas advierten que este tipo de prácticas pueden constituir simulaciones administrativas, ya que el recurso proviene del erario y se mantiene dentro de la estructura legislativa.
El caso reabre el debate sobre el control del gasto en el Poder Legislativo, la vigilancia de las contrataciones internas y la necesidad de reforzar mecanismos anticorrupción en instituciones públicas.
