De la redacción
El Buen Tono
RÍO BLANCO.- Mientras ciudadanos exigen la intervención urgente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ante el señalamiento de una contaminación del río La Carbonera, en la zona del puente San Nicolás, la administración municipal de Río Blanco, encabezada por José Antonio May González, enfrenta cuestionamientos por la falta de actuación pese a que el problema ya habría sido reportado a Control Ambiental.
El señalamiento apunta hacia el taller de pipas de Trans-Astros Internacionales S.A. de C.V., ubicado en la zona de San Nicolás, empresa que ciudadanos relacionan con Isabel Padilla y con el exalcalde de Río Blanco, Víctor Padilla, quien llegó a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional.
De acuerdo con los denunciantes, en las inmediaciones del taller se estarían generando escurrimientos o descargas que alcanzarían el cauce de La Carbonera, situación que consideran un riesgo ambiental y que, aseguran, ya fue puesta en conocimiento de las autoridades municipales sin que hasta ahora exista una respuesta contundente.
El reclamo adquiere mayor relevancia porque La Carbonera no sólo es un afluente que atraviesa el municipio, sino un cuerpo de agua que requiere vigilancia y saneamiento permanente. De hecho, durante este año el propio Ayuntamiento realizó acciones preventivas de limpieza y desazolve en el río ante el riesgo de inundaciones.
Ahora, ciudadanos cuestionan por qué existe capacidad para intervenir en el cauce cuando se trata de prevenir inundaciones, pero no la misma contundencia para investigar un foco de contaminación.
Ante la falta de resultados que denuncian los ciudadanos, el llamado es directamente a la Semarnat y a las autoridades ambientales competentes para que realicen una inspección formal, determinen el origen de los escurrimientos y, en su caso, practiquen los análisis correspondientes para conocer qué sustancias están llegando al río.
La propia legislación ambiental de Veracruz contempla atribuciones tanto para las autoridades estatales como municipales en materia de protección ambiental.
El problema no sólo apunta hacia quien eventualmente resulte responsable de una descarga. También debe revisarse la actuación de las autoridades municipales.
Si el Ayuntamiento recibió una denuncia formal, tenía conocimiento del posible riesgo ambiental y contaba con elementos para realizar una inspección o turnar el caso a la autoridad competente, la ciudadanía tiene derecho a saber qué hizo, cuándo lo hizo y qué resultado obtuvo.
La responsabilidad jurídica corresponde a las autoridades, pero políticamente el gobierno de José Antonio May González debe responder: ¿qué hizo el Ayuntamiento tras recibir el reporte?
