AGENCIAS
MÉXICO.- Rubén Rocha Moya regresó este viernes a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia, pero lo hizo en uno de los momentos más delicados de su administración. El mandatario reasumió el cargo mientras permanecen abiertas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y después de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos. Rocha Moya niega las acusaciones y sostiene que no existen pruebas que acrediten responsabilidad en delitos.
Su regreso no sólo reabre el debate sobre su situación jurídica; también exhibe una fractura política dentro de Morena. Gobernadores, diputados y senadores del partido se apresuraron a marcar distancia y calificaron la decisión como personal. La Secretaría de Gobernación confirmó que las investigaciones continúan, mientras Ricardo Monreal pidió al gobernador reconsiderar su reincorporación para permitir que las autoridades investiguen con plena autonomía.
El antecedente inmediato es la licencia que Rocha solicitó el 1 de mayo, apenas después de que Estados Unidos hiciera públicos los señalamientos contra él y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. En aquel momento, el gobernador argumentó que separarse temporalmente del cargo permitiría que las investigaciones avanzaran sin que su posición interfiriera. Ahora, tres meses después, vuelve al mismo puesto mientras esas investigaciones no han concluido.
Ahí aparece una de las principales contradicciones políticas del caso. Si la licencia se presentó como una medida para facilitar las indagatorias, su regreso mientras la investigación sigue abierta plantea inevitablemente preguntas sobre el momento y las condiciones de su reincorporación. Legalmente, regresar al cargo no equivale a una declaración de culpabilidad ni elimina su derecho a la presunción de inocencia; políticamente, sin embargo, el movimiento resulta mucho más difícil de explicar.
El problema se vuelve todavía más delicado por el contexto de violencia que atraviesa Sinaloa. El caso de Rocha Moya se encuentra ligado al debate nacional sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones y sobre los acontecimientos que rodearon la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén. Esta semana, además, la FGR detuvo a Fausto Corrales, considerado una pieza relevante para esclarecer esos hechos, lo que vuelve a colocar a la política sinaloense bajo los reflectores de la justicia federal.
El antecedente de Cuén tampoco es menor. El asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido el mismo día en que fue capturado “El Mayo” Zambada, se convirtió en uno de los episodios centrales de la crisis política y de seguridad que ha golpeado al estado. La investigación sobre esos acontecimientos y las declaraciones de distintos actores han mantenido bajo presión al gobierno de Rocha, aun cuando las acusaciones no equivalen por sí mismas a una sentencia ni prueban responsabilidad penal.
Desde una perspectiva de seguridad, el mayor riesgo para Rocha no es solamente la investigación en sí, sino la pérdida de autoridad política que acompaña su regreso. Un gobernador necesita coordinación con las instituciones federales y estatales de seguridad, confianza de su gabinete y respaldo político para enfrentar una crisis criminal. Rocha vuelve precisamente cuando su propio partido insiste en que debe dejar trabajar a la FGR y cuando diversos sectores de Sinaloa cuestionan su permanencia.
El mensaje de Morena resulta especialmente significativo. No se trata de una oposición que busque removerlo: son integrantes del mismo partido quienes le piden reconsiderar su regreso. La dirigencia morenista y el Gobierno federal han buscado evitar que la decisión de Rocha sea interpretada como una postura institucional de Morena o de la presidenta Claudia Sheinbaum. El deslinde funciona, en los hechos, como un intento de limitar el costo político de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de las investigaciones.
Pero el deslinde también genera otra pregunta: ¿hasta dónde llega la responsabilidad política de Morena por uno de sus gobernadores? Rocha Moya no llegó al poder como un actor independiente; fue candidato y gobernador emanado del partido. Por eso, aunque el partido pueda afirmar que su regreso fue unilateral, resulta difícil separar completamente la responsabilidad individual del costo institucional que representa para Morena tener a un gobernador investigado por presuntos vínculos con una organización criminal.
La situación también tiene una dimensión internacional. Las acusaciones estadounidenses colocaron a un gobernador mexicano en funciones en el centro de una disputa sobre narcotráfico, corrupción y cooperación bilateral. Su regreso puede complicar todavía más el mensaje que México intenta enviar a Washington sobre su compromiso para combatir al crimen organizado, especialmente cuando Estados Unidos ha elevado la presión contra los cárteles mexicanos y sus posibles redes de protección política.
Y mientras Morena intenta separar su imagen de la decisión de Rocha, en Sinaloa crece la presión social. Activistas y distintos sectores convocaron para el próximo lunes a una movilización frente al Palacio de Gobierno para protestar contra su regreso y reclamar por la situación de inseguridad que vive el estado.
El escenario, por tanto, es mucho más complejo que el simple regreso de un gobernador a su oficina. Rocha Moya recuperó formalmente el poder, pero vuelve con una investigación federal abierta, señalamientos de autoridades estadounidenses, una crisis de seguridad que no ha sido resuelta y un partido que públicamente se deslinda de su decisión.
La paradoja es evidente: Rocha Moya vuelve a la gubernatura, pero Morena parece empeñado en dejar claro que, si el caso termina teniendo consecuencias legales o políticas, él deberá enfrentarlas prácticamente solo. El gobernador recuperó el cargo; lo que está por verse es si también puede recuperar la confianza política y social necesaria para ejercerlo.
