Tinta Ácida
El Buen Tono
Fortín.- La protección que el alcalde, Gerardo Rosales Victoria, otorga a un exelemento de la Policía Municipal señalado como responsable del asesinato del joven universitario y boxeador amateur Pablo Ortigoza Martínez, provocó el retraso en la aplicación de la justicia.
La postura del edil, lejos de colaborar con las investigaciones, generó indignación entre la población que exige castigo para el responsable y transparencia en el actuar de las autoridades locales.
Familiares y amigos del joven asesinado acusaron que, desde el ayuntamiento, se intentó minimizar el caso y proteger al expolicía implicado en el crimen.
Dijeron que obstaculizaron el avance de las investigaciones, al grado que desaparecieron la corporación, y luego mintieron sobre el caso, “eso habla de la calidad moral de Rosales Victoria”.
Afirmaron que, pese a las pruebas y testimonios, el alcalde muestra falta de voluntad para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
Además de que la Fiscalía nunca investiga nada, sólo dice que abre carpetas de investigación, pero sin avances, lo que aumenta la percepción de encubrimiento y de impunidad.
Colectivos ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos humanos declararon que la falta de actuación del alcalde, Gerardo Rosales Victoria, retrasa la justicia para la familia de Pablo Ortigoza Martínez, pero también envía un mensaje de complicidad con la violencia y la corrupción dentro de la Policía Municipal.
Impunidad
Por su parte, allegados refirieron que, desde febrero, el caso es un ejemplo del desgaste legal y emocional que enfrentan las víctimas cuando el acusado pertenece a la misma corporación que debería protegerlos, en este caso, la Policía Municipal de Fortín.
En las últimas semanas, las audiencias se cancelaron o pospuesto bajo pretextos procesales que son una estrategia de dilatación en lugar de un acto de justicia.
Añadieron que primero fue el cambio de asesor jurídico del acusado; ahora, nuevamente, se aplaza con el argumento de que el nuevo abogado “aún está en término para responder”.
El proceso fue reprogramado para el 24 de noviembre, prolongando el dolor de una familia que lleva meses esperando respuestas mientras el responsable sigue amparado por los vacíos legales y la protección institucional.
