AGENCIA
Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 39 servidores públicos de distintas dependencias federales fueron sancionados tras acreditarse diversas irregularidades administrativas, consideradas como faltas graves y no graves.
Las medidas impuestas incluyen inhabilitaciones de hasta 20 años, suspensiones temporales, amonestaciones públicas y multas económicas que, en algunos casos, alcanzan montos millonarios.
De acuerdo con la dependencia, las sanciones derivan de investigaciones administrativas concluidas conforme a la legislación vigente y forman parte de las acciones de control interno y rendición de cuentas dentro de la administración pública federal.
Entre los casos más relevantes destacan cuatro exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), identificados como Roberto V., Alberto M., José Q. y Francisco D. Los tres primeros fueron inhabilitados por 20 años, mientras que el cuarto recibió una sanción de 10 años de inhabilitación.
Además, los cuatro exservidores públicos fueron sancionados de manera solidaria con una multa de mil 192 millones 500 mil pesos, relacionada con la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que, según la autoridad, resultaban innecesarios para la prestación del servicio eléctrico.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José R., adscrito en Puebla, fue inhabilitado durante 10 años tras comprobarse que obtuvo un beneficio económico indebido de 152 mil pesos mediante la venta de guías de mensajería.
Asimismo, Guadalupe H., trabajadora del IMSS en Celaya, Guanajuato, fue inhabilitada por un año luego de que se acreditara que exigió y recibió de manera ilegal 15 mil pesos.
En otro caso dentro del instituto, un servidor público fue suspendido por 10 días debido a un tratamiento considerado inadecuado para un paciente con diagnóstico terminal, conducta clasificada como una falta administrativa no grave.
Las sanciones también alcanzaron a funcionarios de otras dependencias federales. Francisco O., del Tecnológico Nacional de México en Culiacán, fue inhabilitado por 10 años y sancionado económicamente por recibir pagos simultáneos correspondientes a una plaza de estructura y a honorarios.
Por su parte, en el Banco del Bienestar, Esmeralda O., Verónica G. y Ana J. recibieron inhabilitaciones de entre siete y 10 años, además de sanciones económicas, por irregularidades detectadas en operaciones bancarias.
Otro de los casos destacados corresponde a Carlos M., servidor público del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, quien fue inhabilitado durante ocho años y multado con 4.9 millones de pesos por realizar depósitos a una cuenta personal y no devolver un vehículo oficial.
La Secretaría Anticorrupción detalló que 17 de las sanciones corresponden a faltas administrativas graves. Entre los involucrados figuran trabajadores de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo, así como funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes recibieron suspensiones por diversas irregularidades.
En cuanto a las faltas no graves, fueron sancionados 22 servidores públicos pertenecientes a dependencias como el IMSS, Guardia Nacional, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría de Cultura, Procuraduría Agraria, Tren Maya, Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Financiera para el Bienestar (Finabien), SAT y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Las sanciones aplicadas en estos casos incluyeron inhabilitaciones de hasta un año, suspensiones de seis a 30 días y amonestaciones públicas, principalmente por negligencia médica, incumplimiento de obligaciones administrativas, documentación irregular y omisiones en procesos de entrega-recepción.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de vigilancia y fiscalización para prevenir actos de corrupción y garantizar la transparencia en el servicio público federal.
