De la Redacción
El Buen Tono
CÓRDOBA.- La resolución del expediente Ayunt2601640 es terminante: si el municipio no entrega la información en 10 días hábiles, la autoridad garante local activará el procedimiento por desacato, cuyas consecuencias legales alcanzan multas, destitución e inhabilitación para los servidores públicos involucrados. El fallo, emitido el 4 de agosto, determina que la respuesta inicial del ayuntamiento fue evasiva y ordena una búsqueda real en las áreas competentes.
El origen del conflicto fue el 13 de enero de 2026, cuando este medio solicitó estudios técnicos, padrones de beneficiarios y comprobantes de entrega de insumos de los programas sociales en la administración 2022-2025 por la entonces síndica Vania López. El 6 de febrero de 2026, la Unidad de Transparencia municipal derivó la solicitud a la síndica Irene Sedas y “no encontró información”. El 11 de febrero, el recurrente interpuso el Recurso de Revisión, argumentando que la derivación a la Sindicatura constituía una maniobra dilatoria, ya que la información correspondía a la Regiduría Novena, a cargo de Vania López. El 24 de febrero, la Contraloría admitió el recurso. El 28 de abril se decretó la ampliación del plazo para resolver, y el 3 de agosto se cerró la instrucción. El incumplimiento no tendrá margen: la resolución previene a la Titular de la Unidad de Transparencia que el desacato activará las sanciones previstos en la ley.
