Agencia
Coatzacoalcos, Ver.- A seis años del ataque al bar Caballo Blanco, ocurrido el 27 de agosto de 2019 en Coatzacoalcos, los familiares de las 30 víctimas acusaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de rechazar de manera tácita la recomendación 30/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la cual documentó violaciones en el trato a los cuerpos y la revictimización de sus deudos.
De acuerdo con la CEDH, al menos 22 cadáveres fueron entregados en condiciones indignas, algunos en estado de descomposición, sin refrigeración y con presencia de larvas. Además, se acreditó que 17 familiares sufrieron maltratos y omisiones durante el proceso de identificación y entrega.
La fiscalía, encabezada por Verónica Hernández Giadáns, no respondió en el plazo establecido a la recomendación, lo que jurídicamente se considera un rechazo a las observaciones. Ante ello, las familias iniciaron un proceso de impugnación y llevaron el caso ante instancias federales en Ciudad de México.
“Ya hice la impugnación a la fiscalía, pero la mandé directo a México. Ellos dicen que los protocolos se hicieron bien y que los testimonios son falsos. No vamos a quitar el dedo del renglón”, expresó América del Carmen, madre de una de las trabajadoras fallecidas.
Apoyos incumplidos y orfandad en el abandono
Además del señalamiento por negligencia institucional, los familiares denunciaron que, a seis años de la tragedia, siguen sin recibir los apoyos prometidos. Programas federales como las becas Benito Juárez les han sido negados por fallas administrativas, lo que afecta directamente a los 30 menores huérfanos que quedaron bajo la tutela de abuelos y familiares.
“Son seis largos años de pelear. Vamos a ver quién se cansa primero”, declaró una de las madres.
Los tutores refirieron que atraviesan severas carencias económicas y dificultades para garantizar alimentación, salud y educación a los niños.
Revelaciones dolorosas
En su lucha, los deudos también denunciaron que algunos de los cuerpos de las víctimas fueron entregados sin órganos, una situación que calificaron como una afrenta más a su dolor y que expusieron públicamente durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, de quien solicitaron apoyo sin obtener respuesta favorable.
