Agencias
México.- El Pleno del Senado de la República aprobó este martes la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que otorga al Sistema de Administración Tributaria (SAT) la facultad de impugnar decisiones judiciales favorables a contribuyentes, en un proceso que generó fuertes protestas de la oposición y tensión en la sesión legislativa. La iniciativa busca armonizar los juicios sumarios y garantizar que los tribunales administrativos resuelvan los casos en un plazo máximo de seis meses, como establece la reforma al artículo 17 de la Constitución en materia de trámites jurisdiccionales expeditos.
Durante la votación en lo general, los senadores de oposición denunciaron que la reforma funcionaría como un “amparito a modo” para la autoridad fiscal, ya que permitiría mantener congeladas cuentas o recursos de los ciudadanos incluso después de que un juez falle a su favor. Ante la falta de quórum provocada por la retirada de legisladores opositores, la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Verónica Camino, clausuró la sesión, aunque convocó a una nueva votación nocturna donde la iniciativa fue aprobada en lo particular con 66 votos a favor, 12 en contra y 15 abstenciones, y enviada a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.
Senadores de oposición como Ricardo Anaya (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Luis Donaldo Colosio (Movimiento Ciudadano) calificaron la reforma como un mecanismo que favorece a la autoridad fiscal frente a los contribuyentes, argumentando que podría prolongar juicios innecesariamente, generar incertidumbre jurídica y limitar los recursos de las personas que dependen de la devolución de impuestos o de la resolución de disputas fiscales. Guadalupe Murguía (PAN) advirtió que la reforma “le regala a la autoridad que ha perdido un asunto un medio de impugnación específico”, mientras que Colosio señaló que los juicios podrían alargarse y afectar la operación financiera de negocios y ciudadanos.
Por su parte, Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, defendió la reforma, señalando que se realizaron adecuaciones a los artículos relativos a amparo, suspensión y recusación de magistradas y magistrados, así como referencias al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Además, destacó que la reforma establece que existe falta grave cuando un acto administrativo impugnado se emite en contra de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reforzando la legalidad del procedimiento.
El debate reflejó la polarización en el Senado sobre el equilibrio entre garantizar la eficiencia y celeridad en los juicios administrativos y proteger los derechos de los contribuyentes. Mientras los senadores de Morena y sus aliados argumentan que la medida responde a un mandato constitucional y mejora los tiempos de resolución, la oposición sostiene que se trata de un instrumento que concentra poder en la autoridad fiscal, limitando las vías de defensa ciudadana y aumentando la percepción de arbitrariedad en la aplicación de la ley.
La reforma fue aprobada en lo general con 64 votos a favor y 33 en contra, y tras la sesión nocturna quedó avalada en lo particular, dando paso a su revisión y eventual discusión en la Cámara de Diputados. El proceso continuará su trámite legislativo mientras sigue vigente la discusión sobre los límites de las facultades del SAT frente a la ciudadanía.
