Ciudad de México. — Con 105 votos a favor y sin oposición, el Senado de la República aprobó una reforma clave a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a personal de empresas del Estado como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) portar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones.
Esta reforma, que ya fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, establece un nuevo marco jurídico que busca equilibrar el uso de armamento con la promoción de una cultura de paz. Según la Cámara Alta, la medida incluye disposiciones sobre el equipamiento y accesorios, así como lineamientos estrictos que estarán bajo supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además de Pemex y la CFE, podrán beneficiarse de esta medida instituciones como el Banco de México, la Casa de Moneda y personas físicas o morales que cumplan con los requisitos establecidos.
Penas severas por tráfico de armas
Otra parte destacada de la reforma contempla sanciones severas para el contrabando de armas: hasta 45 años de prisión y multas superiores a 339 mil pesos para quienes introduzcan ilegalmente armas, municiones o explosivos de uso exclusivo del Ejército.
Estas penas se aplicarán con mayor rigor si los delitos son cometidos por servidores públicos, policías, miembros de las Fuerzas Armadas o personal de seguridad privada.
“Esta legislación no busca criminalizar a quienes poseen armas conforme a derecho, busca cerrar los espacios de impunidad para quienes abusan de este derecho y fortalecen las cadenas de violencia”, señaló Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado.
Más control, más responsabilidad
La nueva ley también actualiza el listado de armamento exclusivo del Ejército y establece que toda persona que registre un arma deberá designar a un responsable para su trámite en caso de fallecimiento, evitando así el tráfico ilegal de armas heredadas sin control.
Asimismo, se prohíbe que civiles usen vehículos blindados modificados para portar armamento, y se asigna de forma exclusiva al Ejército mexicano el registro y control del armamento a nivel nacional.
Como complemento, se establece que los tres niveles de gobierno deberán implementar campañas permanentes de desarme voluntario y educación para la paz, buscando reducir la violencia a través de la prevención y la corresponsabilidad ciudadana.
