Una profunda investigación publicada esta semana por la revista Proceso ha puesto al descubierto una red de complicidad entre autoridades de seguridad pública y grupos criminales en Tabasco durante y después del gobierno de Adán Augusto López Hernández, actual senador y exsecretario de Gobernación.
El periodista Mathieu Tourliere, responsable del reportaje titulado “Los pecados de Adán”, aclaró en entrevista para Aristegui que la difusión de estos vínculos no responde a una intencionalidad política, sino que está sustentada en informes de inteligencia del Ejército que nunca estuvieron destinados a ser públicos.
Los documentos revelados forman parte del conjunto de archivos obtenidos a través del hackeo conocido como Guacamaya Leaks, y muestran un entramado de complicidades que involucra a mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, fiscales, policías estatales, agentes federales y líderes de la organización criminal.
Ante las recientes declaraciones del exgobernador Adán Augusto López, quien intentó deslindarse de Bermúdez Requena, el equipo de Proceso decidió reexaminar los archivos militares, encontrando múltiples “seguimientos técnicos” —informes de vigilancia detallada sobre la operación del crimen organizado— que evidencian que prácticamente todo el aparato de seguridad del exgobernador estaba infiltrado o tenía vínculos con el mundo criminal.
Entre los nombres mencionados destacan José del Carmen Castillo Ramírez, excomisionado de la Policía Estatal; Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director general de la Policía Estatal; Javier Reyes Palomeque, coordinador general de las policías municipales, así como Carlos Tomás Díaz Rodríguez, brazo derecho de Bermúdez, Ulises Pinto Madera y Rubén Muñoz Rivera, comandante de la Policía de Cárdenas.
Algunos de estos exfuncionarios han sido detenidos recientemente, lo que suma tensión a un caso que pone en entredicho la integridad de las instituciones de seguridad en Tabasco.
Esta investigación abre un debate crucial sobre la relación entre el poder político y el crimen organizado, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para garantizar la justicia y la transparencia.
