Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- La imagen de destino turístico ordenado y atractivo que presume Orizaba contrasta con una práctica cada vez más señalada por visitantes: cobros arbitrarios en el servicio de taxi que, lejos de estar regulados, parecen operar bajo la lógica del abuso.
Usuarios denunciaron que trayectos cortos se están cobrando hasta cuatro veces por encima de lo que debería ser una tarifa mínima. Recorridos desde la zona de avenida Cri-Crí hacia el centro histórico, como la Catedral de San Miguel Arcángel, han alcanzado costos de entre 70 y 180 pesos, pese a tratarse de distancias reducidas.
El problema no se limita a un punto específico. Casos similares se reportan en rutas que conectan sitios concurridos como el Poliforum Cultural Mier y Pesado con Ojo de Agua, Casavegas o el Tobogán de la Montaña, donde el patrón se repite: tarifas infladas ante la falta de control efectivo.
Testimonios recabados revelaron un comportamiento que raya en la normalización del abuso. “Se jactan entre ellos mismos de cuánto lograron cobrar, como si fuera un logro sacar 200 pesos por un viaje corto”, relató un visitante, evidenciando una práctica que se ejecuta con total impunidad.
El marco legal es claro, pero ignorado. El Artículo 118 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado establece que las tarifas deben ser determinadas por la autoridad competente, lo que prohíbe cobros discrecionales o diferenciados por perfil de usuario. Sin embargo, en la práctica, la regulación es letra muerta.
Más allá del impacto económico inmediato, la consecuencia es más profunda: se erosiona la confianza en el destino. Turistas advierten que estas experiencias pesan más que cualquier atractivo. “La ciudad es bonita, pero este tipo de situaciones te deja una mala impresión”, señalaron. La omisión de las autoridades en la supervisión del servicio no sólo permite el abuso, sino que termina por convertirlo en parte del sistema.
