Engañan a la gobernadora Rocío Nahle García con “cifras alegres”
Córdoba, Ver.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) son señaladas de aplicar una estrategia que habría derivado en la detención y procesamiento de consumidores de drogas como presuntos narcomenudistas, mientras los verdaderos vendedores y estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes continuarían operando.
De acuerdo con testimonios y señalamientos recabados sobre el funcionamiento del sistema de seguridad y procuración de justicia en Veracruz, desde inicios de 2016 los arrestos y detenciones por delitos relacionados con narcomenudeo habrían registrado un crecimiento desproporcionado en distintas regiones de la entidad.
Los señalamientos apuntan directamente a la SSP, bajo la responsabilidad del secretario de Seguridad Pública, así como al subsecretario de Operaciones, Gustavo Romero Cuevas, a quienes se atribuye una estrategia mediante la cual consumidores serían puestos a disposición de la Fiscalía bajo la clasificación de presuntos vendedores de droga.
Según los testimonios, una vez que los detenidos son presentados ante la Fiscalía, los auxiliares ministeriales seguirían los informes elaborados por los elementos de la SSP, situación que, de acuerdo con quienes cuestionan estos procedimientos, evidenciaría una estrecha dependencia entre ambas instituciones.
Los señalamientos sostienen que consumidores detenidos con pequeñas cantidades de droga serían acusados de narcomenudeo y, en algunos casos, se les habrían colocado entre cinco y diez bolsitas con diferentes tipos de droga para integrarlos a una carpeta de investigación y posteriormente buscar su vinculación a proceso.
La acusación central es que esta práctica permitiría presentar resultados positivos ante la gobernadora Rocío Nahle García, mediante un aumento en las cifras de personas detenidas por delitos contra la salud, aunque una parte de los procesados, según estos testimonios, no tendría relación con grupos delictivos ni desempeñaría funciones de venta de droga.
El cuestionamiento es que mientras consumidores terminarían privados de la libertad, los verdaderos vendedores, jefes de plaza y otros integrantes de estructuras criminales continuarían operando.
Los testimonios incluso cuestionan que el incremento de detenciones pueda ser utilizado como indicador de éxito en materia de seguridad cuando, paralelamente, persisten hechos violentos y delitos de alto impacto en distintas regiones del estado.
¿Dónde está la droga asegurada?
Otro de los cuestionamientos planteados es el destino de la droga que las autoridades reportan como asegurada durante los operativos.
Los señalamientos sostienen que no se ha transparentado de manera suficiente ante la ciudadanía el volumen total de droga decomisada, ni se ha dado a conocer de manera clara su destrucción y destino final.
A partir de ello surge una pregunta dirigida a la SSP y a la Fiscalía: ¿dónde se encuentra toda la droga asegurada a los supuestos narcomenudistas y cuál es el procedimiento mediante el cual se acredita su resguardo y posterior destrucción?
La falta de información pública detallada sobre estos procedimientos, según los testimonios, alimenta dudas respecto del manejo de las evidencias.
El calvario para las familias
Para las personas privadas de la libertad (PPL) y sus familias, el problema no terminaría con la detención.
Los testimonios describen un proceso que puede representar fuertes gastos para familias de escasos recursos, principalmente por la contratación de abogados particulares, traslados, ropa, artículos de limpieza y otros productos necesarios para el ingreso y permanencia en un centro penitenciario.
También se señala que quienes no cuentan con recursos deben recurrir a defensores públicos, de quienes algunos testimonios afirman que en determinados casos se les exigirían pagos que irían desde aproximadamente mil pesos por diversos servicios, pese a que la defensa pública debe sujetarse a las condiciones establecidas por la legislación aplicable.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a presuntos cobros para modificar o “suavizar” carpetas de investigación y cargos. De acuerdo con los testimonios, estas cantidades podrían oscilar entre 20 mil y hasta 200 mil pesos, dependiendo del delito y de las condiciones de cada imputado.
Las acusaciones sostienen que el monto sería determinado presuntamente por el fiscal en turno.
Estas afirmaciones, por su gravedad, tendrían que ser investigadas y acreditadas por las autoridades competentes.
Acusan retrasos durante los procesos
Otro de los señalamientos apunta a que, cuando las familias deciden continuar los procesos judiciales sin aceptar presuntos ofrecimientos para modificar las condiciones de las carpetas, enfrentarían prolongados tiempos de espera.
Según los testimonios, existirían retrasos en la presentación de oficios, informes, evidencias y celebración de audiencias, situación que terminaría afectando directamente a los procesados y a sus familias.
El señalamiento es que estas demoras podrían utilizarse para desgastar económicamente y emocionalmente a los imputados y sus familiares.
En este contexto también se cuestiona la actuación conjunta de la SSP, la Fiscalía y el Poder Judicial, pues se afirma que algunos procesados son vinculados por delitos como contra la salud, narcomenudeo y daños a las instituciones, mientras las medidas cautelares y los tiempos de los procesos pueden extenderse durante meses o incluso años.
Los testimonios refieren casos que comenzarían con periodos de seis meses y posteriormente podrían prolongarse a un año o hasta dos años, dependiendo del desarrollo del procedimiento judicial.
Cereso, al límite
El retraso en los procesos también tendría consecuencias para el sistema penitenciario estatal.
De acuerdo con los señalamientos, la tardanza en la presentación de informes, oficios, evidencias o la celebración de audiencias contribuye a mantener durante más tiempo a personas procesadas dentro de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), en un contexto en el que se afirma que varios penales de Veracruz operan cerca de su máxima capacidad.
Los testimonios también señalan que esta situación abriría espacios para presuntos cobros adicionales por parte de abogados que, aprovechándose del temor de las familias, cobrarían por audiencias, oficios e informes que forman parte de los procedimientos legales.
Asimismo, se cuestiona al Poder Judicial por la programación y eventual suspensión de audiencias, señalando que estas prácticas podrían contribuir a prolongar los procesos.
También cuestionan prisión preventiva y arraigos domiciliarios
Los testimonios incorporan otro señalamiento particularmente delicado: el presunto retiro de medidas de arraigo o resguardo domiciliario aun cuando existirían resoluciones de jueces federales que ordenan mantenerlas.
La explicación atribuida a esta situación sería la falta de policías suficientes y de recursos para mantener la vigilancia correspondiente.
De confirmarse, se trataría de un asunto que tendría que ser revisado por las autoridades judiciales competentes, debido a que una persona imputada conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
También se cuestiona el uso de brazaletes electrónicos, debido a que su renta y mantenimiento representarían un costo elevado para las personas sujetas a este tipo de medidas.
Piden revisar las cifras
Uno de los puntos centrales de los señalamientos es el comportamiento de las cifras de personas detenidas e ingresadas al sistema penitenciario por delitos contra la salud, narcomenudeo y daños a las instituciones.
Los testimonios sostienen que durante los últimos seis meses se habría registrado un incremento en el número de personas ingresadas al sistema penitenciario por estos delitos en comparación con periodos anteriores.
El planteamiento es que las autoridades deben transparentar esas cifras y explicar cuántas de las personas detenidas fueron efectivamente sentenciadas por narcomenudeo, cuántas fueron vinculadas únicamente como consumidoras y cuántos casos terminaron sin una sentencia condenatoria.
La información permitiría determinar si el aumento de detenciones representa realmente un golpe a las estructuras dedicadas a la venta de drogas o si, por el contrario, está recayendo principalmente sobre consumidores y personas en condiciones de vulnerabilidad.
Por ello, el cuestionamiento no solamente se dirige a la SSP y a la Fiscalía, sino también a la gobernadora Rocío Nahle García: ¿cuántas de las detenciones reportadas corresponden realmente a integrantes de organizaciones dedicadas al narcomenudeo y cuántas son de consumidores?
Mientras las cifras oficiales no permitan establecer esa diferencia, el número de detenidos por delitos contra la salud puede mostrar resultados estadísticos, pero no necesariamente refleja un debilitamiento de las estructuras criminales que mantienen el control de la venta de drogas.
Los señalamientos planteados requieren investigaciones formales, revisión de carpetas, estadísticas de detenciones, resoluciones judiciales y mecanismos de control sobre la droga asegurada, con el propósito de determinar si existen abusos, irregularidades o responsabilidades dentro de las instituciones involucradas.
