EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- Una nueva polémica rodea al Ayuntamiento de Córdoba luego de que se señalara a Manuel Alonso y Luis Abella de tener interés en quedarse con el inmueble donde opera el establecimiento denominado Super Ahorros, acusación que los coloca en el centro de un conflicto por la propiedad.
De acuerdo con los señalamientos, este interés inmobiliario tendría como antecedente la disputa por Plaza Fundadores, propiedad de la familia Perdomo Bueno, operación que también ha sido cuestionada públicamente y vinculada por sus críticos con un presunto “cártel inmobiliario”.
En el caso de Super Ahorros, los denunciantes sostienen que el argumento utilizado para clausurar el establecimiento fue un incidente relacionado con un rayo, situación que consideran un pretexto dentro de la disputa que mantiene el propietario del negocio por el inmueble.
La acusación plantea una pregunta incómoda: ¿Se está utilizando la autoridad municipal para intervenir en un conflicto entre particulares por una propiedad?
Super Ahorros no solamente enfrenta la competencia de grandes cadenas comerciales como Walmart y Sam’s Club; ahora, de acuerdo con los señalamientos, tendría que lidiar también con lo que sus críticos califican como un Ayuntamiento convertido en adversario del comercio local.
Más allá de las acusaciones, el caso demanda transparencia. Si la clausura obedeció exclusivamente a razones de Protección Civil, seguridad o cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento debería explicar públicamente cuáles fueron las irregularidades detectadas, qué dictámenes sustentaron la medida y por qué se determinó el cierre.
De lo contrario, cualquier actuación municipal relacionada con un inmueble sujeto a una disputa de propiedad puede alimentar sospechas de que detrás de una medida administrativa existen intereses distintos a la protección de la ciudadanía.
La autoridad municipal tiene la obligación de demostrar que la ley se aplica por igual a todos y que ninguna disputa inmobiliaria, interés empresarial o diferencia entre particulares puede convertirse en motivo para utilizar el poder público en beneficio de unos cuantos.
