AGENCIA
Ciudad de México.- Morena pretende blindar sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 mediante filtros para detectar posibles vínculos de sus aspirantes con el crimen organizado, pero la estrategia abre una pregunta incómoda: ¿Quién revisa a los revisores?
El partido anunció que solicitará el apoyo del gabinete de seguridad para revisar los perfiles de quienes aspiren a una candidatura, con el objetivo de descartar posibles nexos con grupos delictivos. Al mismo tiempo, el senador Adán Augusto López Hernández fue designado coordinador de la cuarta circunscripción electoral, con influencia en la organización política y en la supervisión de los procesos de selección de perfiles.
La polémica resulta inevitable por los señalamientos que durante los últimos años han rodeado al legislador tabasqueño debido al caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fue su secretario de Seguridad Pública durante su gobierno en Tabasco y es señalado por las autoridades como presunto integrante o líder de “La Barredora”. Morena, sin embargo, ha sostenido que no existe hasta ahora una imputación jurídica contra Adán Augusto por esos hechos.
Ahí aparece la contradicción política que genera cuestionamientos: Mientras Morena promete revisar con lupa a quienes pretendan convertirse en candidatos para impedir la infiltración del crimen organizado, uno de los operadores encargados de mover las piezas electorales carga con un historial político marcado por el escándalo de su exsecretario de Seguridad.
No se trata de afirmar que Adán Augusto sea integrante de “La Barredora”, algo que no está acreditado judicialmente, sino de señalar la evidente falta de congruencia que representa colocar en una posición de influencia sobre la selección de perfiles a un personaje cuya trayectoria quedó políticamente vinculada a uno de los mayores escándalos de presunta infiltración criminal en un gobierno estatal.
La propia creación de mecanismos para revisar candidatos surgió precisamente en medio de la preocupación por los posibles vínculos entre política y crimen organizado. Incluso, en el Congreso se aprobó una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, con facultades para cruzar información con instituciones como la FGR, la UIF, el CNI y la CNBV.
El problema, entonces, no es solamente quién será candidato, sino quién tendrá la autoridad moral y política para decidir quién es “limpio” y quién no.
Porque si Morena realmente quiere demostrar que está dispuesto a cerrar la puerta al crimen organizado, el filtro tendría que comenzar por casa: Con transparencia absoluta, investigaciones independientes y sin excepciones para sus principales operadores políticos.
De lo contrario, la promesa de impedir que el narco llegue a las boletas corre el riesgo de convertirse en otro discurso de buenas intenciones, mientras las decisiones sobre quién puede competir siguen concentradas en las mismas estructuras partidistas que deberían ser las primeras en rendir cuentas.
