AGENCIA
Guadalajara. Jal.- El abogado, representante ejidal y activista social Essaú Román Pérez fue asesinado la mañana del lunes 3 de noviembre en Puerto Melaque, municipio de Cihuatlán, Jalisco. De acuerdo con los primeros reportes, el también entrenador de futbol infantil recibió varios disparos de arma de fuego frente a su domicilio.
Román Pérez era representante legal del ejido Nuevo Centro de Población Agrícola (NCPA) General Emiliano Zapata, y durante años denunció la invasión de una propiedad ejidal conocida como Hotel Melaque. En diversas ocasiones advirtió sobre amenazas y hostigamiento contra él y los ejidatarios por parte de particulares que, según sus denuncias, buscaban despojar a la comunidad de sus tierras.
El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que la principal línea de investigación apunta al activismo del abogado como posible móvil del crimen. “Desde luego, una de las líneas tiene que ver con su labor de representación del ejido Emiliano Zapata en Cihuatlán”, señaló el funcionario.
El padre del activista, José Antonio Román, exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, al considerar que su hijo fue asesinado por defender los derechos de los ejidatarios y la protección del medio ambiente. “Mi hijo fue un defensor de las tierras ejidales y del medio ambiente. Esto no puede quedar impune”, manifestó.
Escalada de violencia contra defensores en Jalisco
Con este crimen, suman ya 15 activistas y defensores de derechos humanos asesinados en Jalisco desde 2020, de los cuales 10 eran defensores ambientales y de la tierra, según datos del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).
La directora del Imdec, María González Valencia, expresó profunda preocupación por el incremento de ataques contra defensores en la entidad y la impunidad que los rodea. “De 2020 a la fecha, los 15 asesinatos de personas defensoras permanecen sin justicia. Jalisco vive una situación sin precedentes”, advirtió.
González Valencia destacó que México ocupa el décimo lugar mundial en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, especialmente de la tierra y el territorio. Agregó que el caso de Essaú Román es reflejo de la creciente violencia contra quienes se oponen a intereses inmobiliarios y turísticos.
La directora del Imdec criticó la falta de mecanismos de protección eficaces en el estado, la ausencia de coordinación entre instituciones como la Fiscalía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la Secretaría General de Gobierno, así como la omisión de políticas públicas que garanticen la seguridad de defensores y periodistas.
Asimismo, denunció que el asesinato de activistas suele ser el último eslabón de una cadena de hostigamientos, amenazas y criminalización que las autoridades no atienden. “Antes de un asesinato hay un proceso de acoso y amenazas que se denuncia, pero las instituciones no actúan”, lamentó.
El Imdec exigió al gobierno estatal y federal establecer una política integral de protección para personas defensoras, crear una fiscalía especializada y garantizar investigaciones con enfoque en derechos humanos.
El asesinato de Essaú Román Pérez se suma a una larga lista de crímenes contra quienes defienden el territorio, la tierra y los recursos naturales en Jalisco, todos aún impunes.
