AGENCIAS
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias requieren mayor claridad, luego de que empresarios de medios, especialistas y organizaciones alertaran sobre posibles riesgos para la libertad de expresión.
Aunque la mandataria aseguró que las reglas “no son para censurar” y afirmó que “no hay censura”, sus críticos señalan que el problema no está únicamente en el discurso oficial, sino en la posibilidad de que una autoridad pueda intervenir sobre contenidos periodísticos mediante sanciones, procedimientos administrativos o criterios poco definidos.
Uno de los puntos que más preocupación generó es que los lineamientos contemplan obligaciones para los medios como contar con códigos de ética, defensores de audiencias y mecanismos de atención a quejas, pero también establecen medidas que podrían derivar en sanciones económicas. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) advirtió que algunas disposiciones podrían generar incertidumbre y abrir la puerta a presiones sobre las líneas editoriales.
Entre los cuestionamientos destaca la facultad de determinar cuándo una información puede considerarse falsa, descontextualizada o perjudicial para las audiencias, ya que especialistas señalan que esa evaluación podría convertirse en una herramienta de presión si no existen reglas claras, imparciales y con garantías para los medios.
Otro punto polémico es la posibilidad de multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales de concesionarios o programadores por determinadas faltas, medida que la industria considera excesiva y que, según sus críticos, podría afectar principalmente a medios pequeños con menor capacidad financiera.
La JUFED también alertó que una regulación mal aplicada podría afectar derechos constitucionales como la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas, al considerar que el Estado no debe intervenir en los contenidos ni en las opiniones de los medios.
Sheinbaum aseguró que las sanciones no serán por publicar información u opiniones, sino por incumplir obligaciones administrativas, y señaló que la consejera jurídica Luisa María Alcalde ya dialoga con representantes de la industria para analizar posibles modificaciones.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto de 2026. Mientras el Gobierno sostiene que busca proteger a las audiencias, sus críticos advierten que el verdadero reto será evitar que una regulación pensada para garantizar derechos termine convirtiéndose en un mecanismo de vigilancia o control sobre la prensa.
