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o soy partidario de plantear las cosas en términos de “qué habría pasado si”; por el contrario, prefiero atenerme a la realidad y de ahí partir. En esto del ejercicio del poder busco -no siempre con éxito-, no caer en las ilusiones de quien privilegia deseos y la corrección política, en detrimento de la realidad.
La inclinación natural de la clase política en no pocos países, es “patear el bote hacia adelante”; dejar para mañana lo que debió hacer hace años. Esto, las más de las veces, tiene efectos que de no corregir el rumbo, podría llevar al país a una regresión política al estimular soluciones opuestas a las prácticas democráticas.
Para muchos gobernantes y políticos, es factible financiar -durante años- una gobernación irresponsable, que elude los problemas pues teme pagar el precio político de enfrentarlos y resolverlos.
Si bien las condiciones que privaban y privan en América Latina responden a las especificidades de cada país, hay similitudes que conviene destacar; una de ellas, es no entender a cabalidad el daño que causa una gobernación irresponsable, y una oposición igual o peor. Esto puede llevarnos, de no corregir a tiempo, a un desenlace opuesto al que muchos imaginan, producto éste de sus análisis que desbordan subjetivismo y carecen de objetividad.
En México, por ejemplo, las exigencias de chantajistas y extorsionadores profesionales -disfrazados de “líderes sociales”-, que dicen buscar la mejoría de las condiciones de “los que menos tienen” son, a cada nueva protesta, de una cuantía mayor que la anterior.
Al mismo tiempo, sus desmanes que quedan impunes tienen un impacto del cual poco se habla; éste, se da en la visión que amplios grupos sociales tienen de lo que debe ser una gobernación, opuesta a la que cobija y protege a los vividores del erario.
Integrantes de sectores medios de la población, pequeños empresarios y millones de empleados y trabajadores que sufren las consecuencias de los desmanes causados por quienes han hecho del chantaje y la extorsión práctica diaria, empiezan a manifestar su descontento por una gobernación que se guía por aquello de “el que venga atrás, que arree”.
Ante esta situación, hartos ya de una gobernación omisa y cómplice por la impunidad concedida a los que han hecho de la violación de la ley su modus vivendi, exigen lo que ven como única solución: “la mano dura” y firmeza para restablecer la legalidad perdida.
Estamos entonces, ante una situación extraña; los que dicen luchar por la democracia, con sus hechos impulsan la salida menos democrática, y los que dicen defender a “los que menos tienen”, terminan causándoles el peor de los daños pues en el país, al perder años de estabilidad económica y política, se afecta más y de inmediato a “los que menos tienen”.
En América Latina vimos en el siglo XX, varios casos así; la democracia que empezábamos a construir, sufría los embates de sedicentes defensores. Estos, con radicalismos infantiles y chantajes a gobernantes miedosos, estimularon el retroceso, “la mano dura” y la salida militar.
Vea hoy a la CNTE y a nuestros gobernantes y políticos, y responda sin temor; ¿acaso millones de mexicanos, cansados ya de vejaciones y conculcación de los derechos más elementales, no exigiremos aquella salida, la menos democrática pero la única a la mano para restablecer el orden y la legalidad?
Este es el peligro de una gobernación omisa y cobarde, como la que hoy padecemos.
