De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Con un sueldo mensual de 130 mil pesos al mes, Vania López González, Síndica Única de Córdoba, ha perfeccionado un mecanismo peculiar: transformar cualquier crítica, mirada o pregunta incómoda en “violencia política de género”.
Los expedientes TEV-PES-31/2022 y TEV-PES-2/2024 revelan un patrón preocupante donde la funcionaria judicializa discrepancias ordinarias para silenciar opositores, censura a la prensa y levanta acusaciones mínimas tanto a quien la critica pero incluso a quien la ingora.
En el primer caso, López González acusó a Edmundo Sosa López de violencia de género durante una reunión municipal. Los cargos incluyen desde “miradas de odio” y risas interpretadas como burla, hasta responderle sin contacto visual –acto que según su denuncia refleja “la idea preconcebida de que por ser mujer no merece ser mirada”–. Objetó incluso el uso del término “señorita” por considerarlo “minimizador”, y calificó como patriarcal que se le señalara su desconocimiento de procedimientos. Todo esto mientras ocupaba un cargo cuya remuneración supera 34 veces el salario mínimo.
El segundo expediente desplaza el blanco hacia la prensa. La periodista Claudia Guerrero Martínez enfrenta un proceso por notas que vinculan a López González con presuntas irregularidades, incluyendo el señalamiento de que el festival Reborn Fest 2022 –con gasto público superior a $2 millones– respondió a un “capricho” suyo. La síndica lo interpretó como estereotipo de género, pese a que el concepto “capricho” aplicado a decisiones públicas ha sido históricamente usado contra políticos de ambos sexos. Guerrero también la llamó “vicealcaldesa”, término que según la denuncia “minimiza su cargo”, aunque curiosamente no objetó el tratamiento cuando medios afines usan el mismo rótulo para destacar su influencia.
Este modus operandi tiene consecuencias concretas ya que trivializa la violencia de género real al incluir en el mismo saco agresiones graves y desacuerdos laborales. Este mecanismo opera como censura preventiva y cuesta a los cordobeses no solo su sueldo sino los recursos públicos destinados a litigar estas querellas.
