Laura A. García
El Buen Tono
Coetzala.- Por negarle a la síndica, Yolanda Coyohua Zepahua, la certificación de un documento que necesitaba, argumentando que estaba fuera de sus facultades, pero sí lo otorgó a otro empleado sin problemas, denunciará al secretario del ayuntamiento, Nabor Iván García Sánchez ante el Organismo Público Electoral (OPLE).
Lo anterior, explicó, será por violencia política contra las mujeres por razón de género, así también ante la Fiscalía Anticorrupción por violencia institucional e incumplimiento de un deber legal.
Los hechos evidencian una grave irregularidad administrativa y una simulación de acto jurídico, se desarrollaron en dos actos deliberados, indicó.
Durante marzo de 2025, el secretario negó a Coyohua Zepahua una certificación oficial requerida para el cumplimiento de sus funciones legales.
Sin embargo, la acción adquirió un matiz más grave y evidente en este mes, cuando el funcionario, de manera súbita y sin justificación legal, procedió a realizar la certificación que meses antes había negado.
El objetivo de este acto fue exclusivamente favorecer al director de Obras Públicas municipal dentro del desarrollo del juicio de la ciudadanía identificado como TEV-JDC-139/2025 Inc 1.
Esta conducta es interpretada por la síndica y sus asesores legales como una maniobra deliberada para simular un acto jurídico, alterando el curso de un proceso legal y vulnerando los principios de legalidad, impartición de justicia y la propia autonomía del cargo de sindicatura.
La violencia institucional se manifiesta en el abuso de poder del secretario, quien, al negar, y luego otorgar una certificación de manera discrecional, incumple con su deber legal de actuar con imparcialidad y transparencia.
Esta acción afecta a la síndica en lo individual, y debilita la institución, fomentando la desconfianza ciudadana en la administración pública y entorpeciendo los mecanismos de control que evitan la corrupción e impunidad en las áreas de gobierno municipal.
La situación en su conjunto es analizada bajo el marco de la violencia política por razón de género.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define estas acciones como aquellos actos cometidos por una persona o grupo de personas en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función público-política, con el propósito de limitar, anular o menoscabar el ejercicio de sus derechos político-electorales.
La negativa inicial y la selección del funcionario quién entregar o no certificaciones, es vista como una estrategia para invalidar, desgastar y obstaculizar el trabajo de una mujer en un cargo de elección popular, perpetuando un patrón donde se busca minimizar su autoridad y restar credibilidad a su labor fiscalizadora.
