Las solicitudes ciudadanas contenidas en el oficio UT/COR/814/2026 advirtieron una crisis de seguridad, salud y corrupción que la administración de Manuel Alonso decidió archivar desde su primer día.
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- El documento oficial de la Unidad de Transparencia revela que la ausencia de folios y sellos en la recepción de documentos no fue un error de papelería, sino una muestra de incompetencia y desdén hacia el derecho de petición. El ayuntamiento de Córdoba anuló la certeza jurídica de los ciudadanos bajo la excusa del cambio de gobierno.
Esta parálisis administrativa permitió al alcalde y a su cuerpo de ediles ignorar alertas críticas sobre el manejo de recursos públicos y la seguridad de la ciudad.
Y es que las peticiones de la asociación CIDIAC A.C. fueron las más consecuentes al exigir “romper el ciclo de vicios” de los exalcaldes Ríos Bernal, López Landero y Martínez Flores. Estas solicitudes buscaron evitar que se siniestren los recursos del Coplademun, señalando el riesgo de que el presupuesto de desarrollo municipal sea desviado o mal aplicado como en gestiones anteriores.
La respuesta de la administración fue el silencio, confirmando que el interés de Manuel Alonso no está en los problemas estructurales como el desabasto de agua o la inseguridad, sino en la validación de su propia imagen.
La revisión del listado de peticiones evidencia un Cabildo sin oposición y carente de representación ciudadana. Los ediles, más preocupados por cumplir una rutina de atención similar a una agenda de farándula, han renunciado a su facultad fiscalizadora.
No existe en el ayuntamiento de Córdoba una voz que cuestione el incumplimiento en el área de Patrimonio Municipal o la inoperatividad de la plataforma digital de atención. Los regidores se limitan a llenar formatos estadísticos, permitiendo que denuncias sobre negligencia sanitaria y corrupción financiera queden en el olvido documental.
Este escenario de opacidad fue advertido por la ciudadanía desde el inicio del trienio. El oficio UT/COR/814/2026 es la prueba de que el desgobierno actual fue una decisión política. Al ignorar las exigencias para transparentar el gasto y atender los servicios básicos, el ayuntamiento de Manuel Alonso entregó la ciudad a la inercia del desastre, operando sin contrapesos y con un total desprecio por las demandas que buscaban evitar el saqueo de las arcas municipales.
