De la redacción
El Buen Tono
El manejo institucional de los casos de alto impacto en Veracruz vuelve a quedar bajo cuestionamiento tras la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García, cuyo cuerpo fue localizado el viernes 4 de septiembre dentro de su vehículo, sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de La Gloria, en Puente Nacional.
Desde las primeras horas surgieron interrogantes sobre las circunstancias del fallecimiento. El legislador presentaba una herida producida por arma de fuego, mientras que autoridades estatales señalaron que el vehículo no mostraba huellas de violencia. La Fiscalía General del Estado se limitó inicialmente a confirmar el deceso y, posteriormente, se informó que la Fiscalía General de la República atraerá la investigación.
En este caso, versiones difundidas entre periodistas señalaron haber recibido llamadas de supuestos líderes de la delincuencia para manejar públicamente el hecho como un posible asalto frustrado o incluso como un suicidio. Hasta ahora, ninguna de esas hipótesis ha sido confirmada oficialmente, por lo que cualquier intento de cerrar anticipadamente una línea de investigación resulta cuestionable. Sin embargo, el antecedente obliga a revisar otros expedientes.
Atoyac: policías procesados por no auxiliar a ministeriales
En octubre de 2025 ocurrió un enfrentamiento armado en Potrero Nuevo, municipio de Atoyac, en el que murieron cinco personas y otra resultó lesionada. De acuerdo con la Fiscalía Regional Córdoba, elementos de la Policía Ministerial solicitaron apoyo a policías municipales que se encontraban en el lugar, pero estos se negaron a intervenir.
Por esos hechos, 11 policías municipales fueron vinculados a proceso por incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público; dos de ellos también enfrentaron cargos relacionados con delitos contra la salud. El proceso penal quedó registrado bajo el número 390/2025.
El caso Roxana Guzmán
Otro expediente que merece escrutinio es el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, privada de la libertad el 2 de junio de 2026 en Nanchital.
El 26 de junio fue detenido José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, señalado por autoridades como presunto integrante de una célula delictiva y presunto participante en el secuestro y asesinato de la comunicadora. De acuerdo con información difundida por autoridades, habría señalado el sitio donde fue ultimada la periodista.
La investigación derivó además en la detención de otros civiles y de cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. Sin embargo, cualquier señalamiento individual debe sostenerse en pruebas judicializadas y no únicamente en versiones obtenidas durante una investigación.
Dos diputados asesinados
El contraste también alcanza al caso de Benito Aguas Atlahua, diputado federal asesinado el 9 de diciembre de 2024 en Zongolica. En ese expediente, la autoridad federal informó posteriormente la detención y vinculación a proceso de Guillermo “Q”, señalado como presunto responsable de haber disparado desde una motocicleta durante una convivencia familiar.
Ahora, con la muerte de Zenyazen Escobar, Veracruz vuelve a tener a un diputado federal muerto violentamente durante la actual Legislatura.
El punto central es otro: ¿las autoridades están esclareciendo los hechos o construyendo versiones que permitan reducir el costo político de la inseguridad?
La respuesta tendrá que surgir de las carpetas de investigación, las periciales y las pruebas, no de filtraciones ni de versiones previamente acomodadas.
La gobernadora Rocío Nahle García enfrenta así la necesidad de revisar a fondo su estrategia de seguridad y a los responsables de ejecutarla. Si existen fallas, complicidades o incapacidad institucional, deben corregirse.
Porque en Veracruz el problema ya no es solamente cuántos delitos se cometen, sino cuántos casos terminan con responsables verdaderamente identificados y cuántos expedientes se convierten en estadísticas, detenciones o versiones oficiales sin llegar al fondo de los hechos.
