Laura A. García
El Buen Tono
Atoyac.- El presupuesto federal destinado al subsidio de la seguridad social para productores de caña de azúcar asciende este año a 342 millones de pesos, monto que, con base en el comportamiento de ejercicios anteriores, podría resultar insuficiente para atender la demanda real de los afiliados. El recurso, etiquetado dentro del gasto programable del sector agrícola, busca aliviar la carga económica de los cañeros en el pago de sus cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque los productores se encuentran preocupados ante la posibilidad de un desfase presupuestal similar al registrado en zafras pasadas.
El apoyo está dirigido exclusivamente a los pequeños productores que perciben ingresos menores a 218 mil pesos por la entrega de su producción a los ingenios azucareros, estableciendo un filtro claro para focalizar el beneficio en quienes tienen menor capacidad económica. Esta condición deja fuera a los cañeros con mayores volúmenes de cosecha, quienes deberán cubrir la totalidad de su cuota sin asistencia federal, lo que ha generado debate sobre si el umbral establecido realmente refleja la realidad de los costos de producción en el campo.
En términos económicos, la cuota ordinaria del régimen de seguridad social para los abastecedores tiene un costo de 24 mil 400 pesos por año. Sin embargo, con la aplicación del subsidio gubernamental, los beneficiarios quedarán exentos de cubrir esa cantidad total, pues la federación absorberá una parte significativa de la obligación patronal. De acuerdo con el esquema oficial, el productor afortunado únicamente desembolsará de su bolsillo 13 mil 500 pesos, mientras que el resto, equivalente a 10 mil 900 pesos, será cubierto con recursos públicos para garantizar la cobertura médica, el seguro de riesgos de trabajo y las prestaciones sociales del afiliado y su núcleo familiar.
Este convenio será aplicable en las 16 delegaciones del IMSS distribuidas en 15 estados de la República, lo que implica un esfuerzo logístico significativo para integrar a los pequeños productores dispersos en diversas regiones cañeras, desde el norte hasta el sureste del país. Las autoridades del sector han reiterado que la meta es garantizar que al menos los productores más vulnerables mantengan su afiliación continua, evitando que una interrupción en el pago los deje sin servicios médicos justo en la temporada de zafra, cuando los accidentes laborales tienden a incrementarse.
Sin embargo, la preocupación entre líderes cañeros y comités de vigilancia radica en que, al igual que en zafras pasadas, los 342 millones podrían agotarse antes de que termine el ciclo, dejando a muchos postulantes sin la posibilidad de acceder al beneficio pese a cumplir con el requisito de ingresos. Ante este escenario, productores ya piden a las autoridades federales ampliar la bolsa o ajustar los criterios de reparto para evitar deserciones en el sistema de seguridad social, y recomiendan a los que cumplan con el perfil realizar sus trámites con prontitud, pues la demanda histórica suele superar la oferta presupuestal, y una vez agotados los recursos no hay mecanismo de reposición automática previsto en las reglas de operación.
