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De la redacción
El Buen Tono

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dos empresas mexicanas en una nueva ronda de sanciones relacionadas con una red financiera vinculada al crimen organizado venezolano Tren de Aragua.

Se trata de Enigma Community, S. de R.L. de C.V., con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V., establecida en la capital mexiquense.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Enigma Community es propiedad de Óscar Leonardo Martínez Pirona, quien también fue incluido en las sanciones por presuntamente brindar apoyo financiero y material a la organización. La empresa fue constituida el 26 de junio de 2024 y tiene como giro registrado actividades relacionadas con la educación.

La segunda compañía, Soluciones Integrales Toluca, fue constituida el 8 de junio de 2016 y está dedicada al sector de la construcción. Su propietario, Alejandro Mejía Castillo, también fue sancionado por las autoridades estadounidenses debido a sus presuntos vínculos con la red financiera.

El Departamento del Tesoro señaló que la estructura investigada tiene operaciones en México y Venezuela y estaría encabezada por Aníbal Alexander Canelon Aguirre, identificado por las autoridades estadounidenses como “Prometheus”.

Según la información difundida por Washington, la red habría utilizado software malicioso para manipular cajeros automáticos en Estados Unidos y provocar que dispensaran efectivo. Posteriormente, los recursos obtenidos serían transferidos y sometidos a operaciones de lavado de dinero antes de llegar a integrantes del grupo criminal.

Las nuevas medidas contemplan sanciones contra 10 personas y entidades señaladas por Estados Unidos como parte de esta estructura financiera. Entre ellas se encuentran las dos empresas mexicanas, cuyos bienes e intereses en bienes sujetos a jurisdicción estadounidense quedan bloqueados conforme a las medidas anunciadas.

Estados Unidos señaló que la operación forma parte de una investigación coordinada con agencias federales para desarticular las redes financieras utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.

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