CÓRDOBA, VERACRUZ. — Lo que parecía una anécdota surrealista, hoy es una denuncia documentada y alarmante: en la Fiscalía de Delitos Diversos de Córdoba, la justicia no se gana, se compra. Y no se trata solo de café o pan dulce, sino de cuotas fijas en efectivo para avanzar en una carpeta de investigación o conseguir “beneficios procesales”.
Las primeras denuncias públicas, realizadas por este medio y El Buen Tono, apuntaban directamente contra dos fiscales: Gema Castañeda Arrollo (Fiscal Segunda) y Rubén Ortiz Reyes (Fiscal Sexto). Sin embargo, nuevos testimonios recabados en los últimos días revelan que el problema no es aislado: la red de corrupción alcanza a todos los fiscales adscritos a dicha Unidad, donde estas prácticas se han normalizado y operan con total impunidad.
De acuerdo con fuentes consultadas, se exige a las víctimas hasta $10,000 pesos para que sus carpetas sean judicializadas, y $5,000 pesos por cada audiencia. Pero el negocio no termina ahí: también a las personas imputadas se les pide una cuota aún más alta, según la gravedad del delito, a cambio de “facilidades” o tratos preferenciales.
“La justicia está sometida al poder económico”, denuncian litigantes que, por temor a represalias, han decidido mantener el anonimato.
Ante esta situación, el 9 de julio de 2025, el presidente de la Asociación Veracruzana de Abogadas y Abogados A.C. (AVAA), Lic. Carlos Cruz Hernández, hizo llegar a esta redacción un comunicado urgente donde la organización manifiesta su total rechazo y profunda preocupación por lo que consideran una grave violación al Estado de Derecho.
El comunicado destaca:
Las acusaciones ya no se limitan a dos funcionarios, sino que abarcan toda la unidad.
Las cuotas exigidas para acceder a la justicia representan una discriminación económica intolerable.
Estas prácticas constituyen posibles delitos penales y faltas administrativas graves.
Ante ello, la AVAA:
- Exige una intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado, a través de la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control.
- Solicita protección y confidencialidad para víctimas y denunciantes.
- Informa que ya está integrando un expediente con pruebas documentales y testimoniales que será entregado a instancias como la Fiscalía General de la República y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
- Advierte que, si las autoridades no actúan, se emprenderán acciones legales y mediáticas, en coordinación con otras barras, colegios y organizaciones defensoras del derecho.
“El sistema de procuración de justicia no puede estar al servicio de quienes más pagan”, sostiene la AVAA. “Una fiscalía que opera bajo cuotas deja de ser una institución de legalidad y se convierte en un mecanismo de abuso.”
La indignación crece. Y con ella, también la presión social para que la Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, rompa el silencio y actúe con la firmeza que el momento exige.
Porque la justicia que se vende, deja de ser justicia.
