AGENCIAS
Tras la muerte de su esposo, Antonio Hernández Basurto, quien falleció a causa de cáncer, Ivette Orozco Lara inició una prolongada disputa legal para recuperar un patrimonio familiar que, asegura, fue transferido mediante operaciones inmobiliarias que posteriormente fueron declaradas nulas por autoridades judiciales.
El conflicto tiene como origen un predio con una superficie superior a 22 mil metros cuadrados, cuya propiedad quedó en disputa luego de una serie de actos jurídicos realizados durante los últimos años. De acuerdo con documentos del expediente judicial, los tribunales determinaron que algunas operaciones relacionadas con el inmueble no cumplieron con las disposiciones legales aplicables y ordenaron dejar sin efectos dichos actos.
Según la resolución emitida por magistrados, Rosa María Martínez López habría utilizado facultades de representación otorgadas por Antonio Hernández Basurto para intervenir en operaciones mediante las cuales terminó beneficiándose del inmueble. El fallo señala que dicha actuación contravenía una prohibición establecida en la legislación, la cual impide que un representante adquiera para sí bienes cuya administración o representación le fue encomendada.
Con base en esa determinación, la autoridad judicial ordenó la nulidad de las operaciones y la restitución del terreno a favor de quienes acreditaron tener derecho sobre el patrimonio. Sin embargo, para Ivette Orozco Lara el proceso aún no concluye, debido a que posteriormente surgió una nueva controversia relacionada con una presunta transmisión del inmueble a favor de Rosa López Maldonado.
De acuerdo con la versión de la familia, esta situación derivó en nuevas acciones legales, incluyendo un procedimiento en el que se habría solicitado el otorgamiento de escrituras del predio, lo que ha retrasado la recuperación material del inmueble pese a contar con resoluciones judiciales favorables.
Uno de los puntos que ha generado cuestionamientos dentro del caso es la participación del notario Xavier Saucedo, quien intervino en la formalización de algunos actos jurídicos relacionados con el terreno. La familia ha señalado dudas sobre el proceso mediante el cual fueron avaladas operaciones que posteriormente fueron impugnadas y anuladas por los tribunales.
La controversia también vuelve a poner bajo la lupa el papel de los fedatarios públicos en operaciones inmobiliarias, ya que su función es brindar certeza jurídica a los actos que certifican y garantizar que estos cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Mientras continúan los procesos legales, Ivette Orozco Lara sostiene que la resolución judicial debe traducirse en la recuperación efectiva del patrimonio familiar y exige que se esclarezcan todas las circunstancias alrededor de las operaciones realizadas.
El caso abre nuevamente el debate sobre la seguridad jurídica de los bienes inmuebles en Veracruz y sobre la necesidad de fortalecer los controles para evitar que conflictos patrimoniales deriven en largos litigios que afectan a familias que buscan proteger sus propiedades.
