AGENCIA
CDMX.- Ciudad de México.- El desmantelamiento de la red de facturación falsa conocida como “El Caballito” no sólo exhibe uno de los esquemas de evasión fiscal más grandes detectados en los últimos años, también deja al descubierto las graves fallas de la Fiscalía General de la República (FGR), que tuvo conocimiento de las operaciones de esta organización desde hace al menos tres años sin lograr frenarla a tiempo.
Mientras la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero presume la captura de ocho personas y el aseguramiento de una estructura que emitió facturas apócrifas por más de 12 mil millones de pesos, la propia institución reconoció que las denuncias relacionadas con el caso permanecieron dispersas durante años dentro de sus archivos.
La confesión resulta inquietante. Durante ese periodo, la organización continuó operando en varios estados del país, perfeccionando mecanismos para evadir impuestos, utilizar empresas fachada y mover recursos a través de complejas redes financieras sin que la autoridad lograra desarticularla.
El fiscal especial de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, admitió públicamente que la información existía desde tiempo atrás y que fue necesario integrar múltiples denuncias para comprender la magnitud de la operación. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas.
Si la FGR contaba con reportes previos, si el Servicio de Administración Tributaria había detectado operaciones irregulares y si existían indicios de una estructura interestatal dedicada a la emisión de comprobantes fiscales falsos, ¿por qué la intervención ocurrió hasta ahora, cuando el daño a las finanzas públicas ya alcanzaba dimensiones multimillonarias?
La cifra es escandalosa. De acuerdo con la propia Fiscalía, las facturas emitidas por la red superan los 12 mil millones de pesos, monto equivalente a casi la mitad del presupuesto anual de Tlaxcala para 2026. No se trata de una operación menor ni de un fraude aislado, sino de un esquema que afectó directamente la recaudación fiscal y, por ende, los recursos destinados a servicios públicos.
El caso también revive las críticas sobre la capacidad de reacción de la institución dirigida por Gertz Manero. A pesar de contar con mayores facultades constitucionales y autonomía respecto al antiguo modelo de procuración de justicia, la FGR sigue enfrentando cuestionamientos por investigaciones lentas, rezagos acumulados y una evidente incapacidad para actuar con rapidez ante delitos financieros de gran escala.
Mientras las autoridades celebran el golpe contra “El Caballito”, la realidad es que el éxito del operativo llega cuando el daño ya está consumado. Durante años, miles de millones de pesos circularon mediante empresas fantasma y mecanismos de evasión sin que existiera una respuesta contundente.
La captura de los presuntos responsables representa un avance, pero difícilmente borra la percepción de que las instituciones encargadas de combatir la delincuencia financiera llegaron tarde. En este caso, más que una historia de eficiencia, el expediente parece retratar un prolongado periodo de omisión que permitió que una red de fraude fiscal creciera hasta convertirse en uno de los mayores casos detectados recientemente en el país.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿Cuántos miles de millones de pesos más tuvieron que perderse antes de que la Fiscalía decidiera actuar?
