De la redacción
El Buen Tono
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado a 21 grupos criminales de América Latina y el Caribe como “organizaciones terroristas extranjeras” desde su regreso a la Casa Blanca, una estrategia que busca elevar la presión contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, extorsión, secuestro y otras actividades ilícitas.
La más reciente designación ocurrió esta semana, en coincidencia con la gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú, países considerados aliados de Washington en su estrategia regional contra el crimen organizado.
La clasificación representa un cambio respecto de la práctica tradicional de Estados Unidos, que reservaba esta categoría principalmente para organizaciones como el Estado Islámico o Al Qaeda, cuyos actos violentos tienen una motivación política o ideológica. En el caso de los grupos latinoamericanos, Washington busca utilizar la designación como una herramienta para ampliar las acciones contra sus integrantes, bienes, redes financieras y posibles colaboradores.
La estrategia comenzó en febrero de 2025 y desde entonces ha tenido consecuencias en distintos países de la región. También ha sido utilizada por Washington para justificar operaciones contra organizaciones señaladas por actividades de “narcoterrorismo”, algunas de las cuales han dejado más de 200 muertos.
México concentra el mayor número de organizaciones incluidas en la lista, con ocho designaciones, en medio de una creciente presión estadounidense sobre el gobierno mexicano para combatir a las estructuras criminales que operan en ambos lados de la frontera.
Entre los principales objetivos se encuentran el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerados por Estados Unidos como dos de las principales redes dedicadas al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia su territorio.
El Cártel de Sinaloa, con décadas de presencia, mantiene una extensa infraestructura para el traslado de drogas mediante diferentes rutas y métodos. Sin embargo, la detención de Ismael “El Mayo” Zambada provocó una disputa interna que debilitó su estructura y modificó el equilibrio de fuerzas dentro del crimen organizado.
El CJNG, por su parte, es señalado por las autoridades estadounidenses como una organización con presencia internacional y capacidad para distribuir grandes cantidades de cocaína, metanfetamina y fentanilo. También ha sido relacionado con ataques contra autoridades mexicanas y con el uso de drones, explosivos y otras armas.
En la frontera con Texas aparecen también el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y el Cártel de Juárez, organizaciones señaladas por las autoridades por participar en el tráfico de drogas, armas, migrantes y dinero.
En Michoacán, la lista incluye a la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras, estructuras que mantienen disputas por territorio y rutas, además de estar relacionadas con extorsiones que afectan actividades económicas como la producción y comercialización de aguacate.
En Centroamérica, Washington incluyó a Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), organizaciones con presencia principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Colombia también aparece en la estrategia estadounidense con el Clan del Golfo, una de las estructuras armadas más grandes de ese país y con presencia en numerosas regiones, donde las autoridades le atribuyen actividades de extorsión y tráfico de drogas.
Otro de los grupos señalados es el Tren de Aragua, surgido en Venezuela y cuya expansión alcanzó varios países de América. Además del tráfico de drogas, las autoridades lo relacionan con tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual y trabajo forzado.
La lista también contempla al llamado Cártel de los Soles, una denominación utilizada durante décadas en Venezuela para referirse a presuntas redes de corrupción y tráfico de drogas relacionadas con funcionarios y elementos de las fuerzas de seguridad.
Ecuador figura igualmente entre los países afectados por esta política. Los Lobos, Los Choneros, The Chone Killers y Los Tiguerones son señalados por las autoridades por actividades como homicidio, extorsión y tráfico de drogas, además de su participación en la disputa por territorios y rutas hacia el Pacífico.
En Brasil, Estados Unidos incluyó al Commando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, dos de las organizaciones criminales con mayor presencia y capacidad operativa en ese país.
Finalmente, la estrategia estadounidense alcanza a Haití con la designación de Viv Ansanm y Gran Grif, grupos vinculados por las autoridades con secuestros, asesinatos, extorsiones, tráfico de armas y otras actividades ilícitas.
La ofensiva de Washington también ha generado cuestionamientos por aparentes contradicciones. Uno de los casos señalados es el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y posteriormente recibió un indulto de Trump.
Con estas designaciones, la administración estadounidense busca ampliar las herramientas disponibles contra las principales estructuras del crimen organizado en el continente, mientras aumenta la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para reforzar la cooperación con Washington.
