La administración estadounidense presentó un recurso ante la Corte Suprema para precisar los alcances de las decisiones de los jueces sobre las regulaciones gubernamentales; el objetivo es que las resoluciones beneficien directamente a quienes promueven los litigios.

De la redacción
El Buen Tono

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump busca establecer nuevos límites al alcance de las resoluciones judiciales relacionadas con las decisiones de las agencias federales, mediante un recurso presentado por su administración ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La apelación, promovida por el Departamento de Justicia, plantea que los tribunales federales no deberían suspender o invalidar regulaciones gubernamentales con efectos generales. En cambio, propone que las resoluciones judiciales beneficien únicamente a las personas u organizaciones que hayan presentado las demandas correspondientes.

El caso está relacionado con una controversia iniciada por proveedores médicos de Texas contra normas federales derivadas de una legislación aprobada durante el primer mandato de Trump, cuyo objetivo es limitar los cobros médicos inesperados.

La disputa involucra la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946, que establece las reglas de funcionamiento de las agencias federales y permite a los tribunales revisar sus decisiones, así como determinar si sus regulaciones cumplen con la legislación vigente.

La Corte Suprema deberá decidir si acepta revisar el caso, una determinación que se espera pueda conocerse a principios de 2027.

Si los magistrados respaldan la postura del Gobierno, las resoluciones judiciales tendrían un alcance más limitado, pues las suspensiones o anulaciones de regulaciones beneficiarían directamente a quienes participaron en los litigios, mientras las disposiciones podrían continuar aplicándose al resto de la población.

El especialista en derecho administrativo de la Universidad de Virginia, Aditya Bamzai, señaló que una decisión de este tipo daría mayor margen de actuación al Poder Ejecutivo para mantener sus políticas mientras enfrenta impugnaciones legales.

Este planteamiento se suma a una resolución de junio de 2025, cuando la Corte Suprema estableció límites a las llamadas órdenes judiciales universales, que permitían a los jueces suspender políticas gubernamentales con efectos en todo el país.

La nueva apelación abre otro debate sobre el alcance de las facultades de los tribunales federales y la autoridad de las agencias gubernamentales para implementar sus regulaciones en Estados Unidos.