DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CDMX.- “No nos importa si son gobernadores, iremos tras ellos”. La advertencia atribuida a Sara Carter, responsable de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas del gobierno de Donald Trump, elevó la presión de Washington sobre funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
En entrevista con La Voz, Carter sostuvo que Estados Unidos buscará desmantelar las operaciones de los cárteles y perseguir a quienes los ayuden, incluso si ocupan cargos de alto nivel dentro de los gobiernos. “Si ayudan o colaboran con los cárteles, no nos importa si eres el gobernador, iremos tras ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, afirmó, de acuerdo con la publicación.
La advertencia cobra relevancia en medio de señalamientos recientes de autoridades estadounidenses contra figuras vinculadas con la política mexicana. Entre los casos mencionados se encuentra el de Rubén Rocha Moya: en abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra el entonces gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. La fiscalía estadounidense alegó que Rocha Moya habría sostenido reuniones con integrantes de Los Chapitos, quienes presuntamente le ofrecieron protección y apoyo para llegar a la gubernatura. Estas acusaciones deben distinguirse de una resolución judicial definitiva.
Otro caso citado es el de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Según la información publicada, en septiembre el Departamento del Tesoro estadounidense lo sancionó por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por utilizar supuestamente su influencia política en favor del grupo criminal.
Carter afirmó que la postura de Washington también busca impulsar la cooperación entre México y Estados Unidos contra las organizaciones criminales. “Únanse a nosotros. Detengámoslos. Podemos poner fin a los cárteles trabajando juntos”, expresó. Sin embargo, su mensaje deja una advertencia sobre el alcance de la estrategia estadounidense: los cargos públicos, incluidos los de mayor jerarquía, no quedarían excluidos de las investigaciones si existen señalamientos de colaboración con grupos criminales.
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