DIF ENCIERRA A UN ADULTO MAYOR; FISCALÍA INVESTIGA EL DAÑO PSICOLÓGICO QUE LE CAUSARON

DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO

CÓRDOBA.-  El oficio de la agente del Ministerio Público Adriana Sosa Medina pide determinar si el afectado presenta daño emocional, estado de zozobra y alteración emocional por la privación de la libertad sufrida. El “Protocolo de Atención al Adulto Mayor” que el DIF invoca como escudo no está publicado, no está firmado y no contempla el anexamiento de personas sin adicciones: es, en los hechos, una coartada.
Y es que con este suceso la Fiscalía General del Estado no está investigando un error administrativo. Está investigando un daño psicológico. En el oficio FGE/DG/DS/1275/2026, la agente del Ministerio Público Adriana Sosa Medina solicita a la Dirección General de Servicios Periciales que se realice una valoración psicológica a José de Jesús Acevedo Jaramillo para determinar cuatro cosas concretas: si presenta daño emocional o daño psicológico; si presenta efecto atemorizador o estado de zozobra por el hecho cometido en su agravio; cuál es el grado de afectación que presenta; y si ese grado se debe a consecuencia del hecho cometido en su agravio. La Fiscalía también pide cuantificar el costo de la recuperación de la víctima en caso de que presente daño emocional.
Ese documento, fechado el 25 de septiembre de 2026, es la prueba más contundente de que el Estado reconoce que aquí no hubo un traslado, sino una privación de la libertad. La propia Fiscalía lo escribe con todas sus letras: el afectado “sufrió un hecho de privación de la libertad y tiene el temor de que vuelva a acontecer”. El expediente COR/1176/2026 avanza por amenazas, extorsión, lesiones, robo y ultrajes a la autoridad.
El responsable institucional tiene nombre y cargo: Carolina Mendívil de Alonso, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Córdoba. El responsable político tiene nombre y apellido: Manuel Alonso Cerezo, alcalde de Córdoba, quien la colocó ahí. Y el área que ejecutó el operativo no fue la de adicciones, ni la de salud, ni la de seguridad: fue el área de Adulto Mayor, la misma que debería proteger a la población de la tercera edad. La institución que debía defenderlo fue la que lo entregó.