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AGENCIA

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, a dos de sus familiares y a ocho exfuncionarios del organismo en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano, como parte de una investigación por presuntos esquemas de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculados con proveedores electorales.

La medida forma parte del acuerdo UIF/110/G/4141/2026, mediante el cual también fueron inmovilizadas las cuentas de otras personas y empresas relacionadas con una presunta red de irregularidades en la contratación de servicios y suministros para organismos electorales.

Entre los familiares de Taddei aparecen su hermano Humberto Taddei Zavala y su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei, quien hasta el 11 de noviembre se desempeñaba como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Tras darse a conocer su inclusión en la lista de personas bloqueadas, presentó su renuncia al cargo.

La investigación también alcanza a ocho exfuncionarios del INE que ocuparon posiciones directivas y administrativas durante la gestión de Taddei. Entre ellos figuran Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración; Enma Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros; Mario Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales y Servicios, y José Alberto Pérez de Acha, excoordinador de la Unidad de Servicios de Informática.

También fueron incluidos Luis Alberto Bustamante Canizales, Iliana Araceli Hernández Gómez, Jonathan Navarrete Torres y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, algunos de los cuales presuntamente mantenían vínculos empresariales o poderes legales relacionados con compañías proveedoras del instituto.

El caso está relacionado con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados por la presunta conformación de una red de empresas que durante aproximadamente dos décadas obtuvo contratos por más de 2 mil 500 millones de pesos, tanto a nivel federal como con organismos electorales estatales.

De acuerdo con las investigaciones, las compañías habrían obtenido contratos mediante presuntas prácticas de simulación de competencia y tráfico de influencias. Entre las empresas incluidas en el bloqueo figuran Cajas Graf y Corporativo Zeg, además de otras sociedades vinculadas con los proveedores.

La UIF también ordenó bloquear las cuentas de accionistas, socios, apoderados y representantes de distintas compañías presuntamente relacionadas con las operaciones bajo investigación.

La Secretaría de Hacienda informó previamente que el bloqueo alcanzó a 40 personas y empresas, luego de identificar movimientos financieros considerados de riesgo y que requieren revisión por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades precisaron que la inclusión en la lista de personas bloqueadas constituye una medida preventiva y no representa una declaración de culpabilidad. Las presuntas irregularidades deberán ser investigadas y deslindadas por la Fiscalía General de la República.

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