La noche del 26 de septiembre en Iguala ha extendido su negrura en el país y en el mundo: ha provocado indignación, justas protestas, reclamos y exigencias; marchas multitudinarias, violencia interesada, repudios, confrontaciones; acciones de gobierno con retrasos, insuficientes e ineficaces. También consignas, etiquetas, hashtags efectistas y comprensibles como “Fue el Estado”,“Que se vayan todos”, “Renuncia Peña”…
Gritos y opiniones. Estridencia y pasmo.
Muy pocos, por decir nadie, han planteado propuestas para siquiera intentar salir de este marasmo nacional, más allá de la justa exigencia de conocer el paradero de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
El 18 de noviembre, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) hizo público un documento titulado México: las ruinas del futuro, en el que luego de una sólida exposición de hechos, sus reacciones y análisis, propuso diversos temas “para el abordaje y el acuerdo político y social urgente”.
El IETD es una asociación civil constituida desde 1989, “al calor de los movimientos sociales y conflictos electorales que aceleraron el cambio político en México… Su propósito fundador: impulsar una reflexión y el análisis riguroso sobre los problemas del desarrollo democrático y de la vida social de México”. Ha sido presidido por José Woldenberg, Pablo Pascual Moncayo, Luis Salazar Carrión, Luis Emilio Giménez Cacho y Ricardo Becerra Laguna.
El documento publicado fue firmado por varias decenas de sus miembros, entre ellos los propios Woldenberg y Becerra, así como Rolando Cordera, María Marván, Patricia Mercado, Mauricio Merino, Jacqueline Peschard, Adolfo Sánchez Rebolledo y Raúl Trejo Delarbre.
México: las ruinas del futuro es un documento muy amplio, imposible de reproducirse en esta columna y, ante la probabilidad de mal interpretar, el escribidor prefiere exponer algunos de sus párrafos con la esperanza de que al lector le inquieten y lo lleven a la lectura completa de ese texto. Van:
“La matanza de estudiantes normalistas en Iguala es el acontecimiento más brutal y estremecedor que los mexicanos han vivido y exhibido al mundo en lo que va del siglo XXI.
“Decimos que es el peor, pero no el único: las recientes ejecuciones de Tlatlaya perpetradas por el Ejército (Estado de México), la masacre de migrantes en San Fernando (Tamaulipas) a manos de una banda asesina, la prolongada ola de feminicidios en Ciudad Juárez, el incendio del Casino Royale en Monterrey o la dominación criminal de territorios completos en Michoacán, son muestras de una profunda descomposición política, social y moral que lleva lustros y que afecta ya a una buena parte del Estado y del territorio nacional (…)”.
“En síntesis: cuerpos policiacos, Ejército, partidos políticos, procuradurías de justicia, aparatos de inteligencia, gobierno local y gobierno federal, tienen una grave e inocultable responsabilidad, y su actuación, por omisión o comisión, configura un fracaso mayúsculo del Estado mexicano.
“Reformar y rehabilitar al Estado es —debe ser— el propósito mayor de nuestro tiempo, precipitado ahora por acontecimientos terribles.
“La ilusión según la cual primero debieran producirse‘las reformas estructurales que necesita el país’ y luego la equidad, el reparto, el cambio institucional y el Estado Democrático de Derecho, se ha demostrado trágicamente falsa en estos días aciagos.
“Pero rehabilitar al Estado exige, en primer lugar, trascender las visiones y los análisis en bloque. Es vital castigar y deshacer las bandas delictivas que han desatado la violencia y el terror en una dimensión hasta ahora desconocida. También hay que castigar a los funcionarios públicos coludidos con ellas. Pero es igualmente necesario identificar y apoyar a las instituciones y personas que desde su posición de funcionarios del Estado, se han mantenido dispuestas a cumplir con sus obligaciones, en primer lugar, con su obligación de dar seguridad a los ciudadanos a pesar de todas las dificultades (…)”.
“Al vacío, el pasmo y la confusión política y gubernamental, siguió una espiral igualmente confusa en los medios de comunicación. La opinión pública ha sido estridente y errática, vehículo de versiones sin sustento, elucubraciones y rumores, más o menos interesados y absurdos. Al menos, tras las primeras cinco semanas de la desgracia, en su conjunto, la actividad de los comentaristas sirvió de poco como plataforma para elaborar un diagnóstico, una narrativa fundamentada y pistas para una salida de la estupefacción y de la crisis política y social”.
Los temas (muy resumidos) propuestos del IETD para abordar y lograr un acuerdo político y social urgente son: los derechos humanos y la atención a las víctimas en el centro de los debates; la discusión y rehabilitación del poder municipal; la impartición de justicia es otra área clave que no se resolverá con el conocido expediente de mayores presupuestos ni con la magia atribuida a los juicios orales; el Poder Judicial en su conjunto tiene una gran responsabilidad en la tarea (compartida por el Legislativo) de asumir en lo inmediato los cambios que la gravedad de la situación les plantea; la pobreza y la desigualdad son el abono de la violencia endémica y del tránsito cada vez más expedito de la juventud hacia los mercados delincuenciales; es apremiante generar alternativas, opciones innovadoras e incluyentes para el sistema de educación media superior y superior.
Además, el combate a la corrupción es la forma concreta que adquiere hoy, esa enorme exigencia contra la impunidad y por el Estado de derecho; las crisis de representatividad, administrativa y la capacidad de respuesta del gobierno son un cuadro perturbador que debería convocar a una discusión política amplia, acerca del régimen y la forma en que se organiza el poder público en el país a soluciones comunes: la reforma del poder público es el horizonte que puede encuadrar la discusión nacional.
El texto completo del documento está en la página web del Instituto de Estudios para la Transición Democrática: http://www.ietd.org.mx
