


Xalapa.- Los abogados Luis Alberto Viades Blanco y Juan José YañeZ Gil del Ángel informaron que el viernes 17 solicitaron al juez segundo de distrito que determine que se incumplió con su sentencia de amparo.
Como consecuencia de ello, deberá remitir el expediente al tribunal colegiado de distrito para que, de acuerdo con la Ley de amparo, reitere que hay incumplimiento de una resolución judicial y remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del gobernador del estado y los diputados locales.
Al mismo tiempo, informaron que presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en contra de los 50 diputados que integran el Congreso del Estado y del titular del poder ejecutivo del estado, porque estiman que el proceder tanto del Congreso local como del gobernador vulnera los derechos humanos de las trabajadoras, contenidos en los artículos 8 y 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 25 apartado 2-C de la Convención Americana de Derechos Humanos. Reiteraron que el laudo no ha sido ejecutado y que contrariamente a lo manifestado por el diputado local Juan Nicolás Callejas Arroyo, no hay negociaciones de ninguna especie: “Deploramos que el Congreso del Estado elija denostar al juez segundo de distrito antes que intentar cumplir con su mandato judicial. La sola sugerencia de que el poder judicial federal tiene intereses particulares o políticos, en este asunto tendría que estar sustentada en pruebas fehacientes y solicitamos al director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado a que las presente”, dijeron los abogados.
Durante una conferencia de prensa, expresaron que la actuación del poder judicial federal ha sido apegada a derecho y que lamentan mucho, que el trasfondo de esta situación sea el capricho de no cumplir la ley: “El Gobierno del Estado pierde toda autoridad moral para decir a la opinión pública que se vive en un estado de derecho o exigir el cumplimiento de las normas, el mensaje que se envía a la sociedad es preocupante porque se habla de castigar a los que infraccionan la ley”.
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