DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- Mientras Córdoba lidia con balaceras, robos, extorsiones y un Ayuntamiento saqueado, Vania López mueve recursos públicos para sostener una red de medios a modo, perseguir legalmente a periodistas y opositores, y victimizarse cada vez que se cuestionan sus decisiones.
Los datos están ahí: la sindicatura ha usado dinero municipal para pagar propaganda disfrazada de “información”. Convenios ya exhibidos muestran que desde esta administración salen recursos públicos hacia: Revista Fundamentos 34,800 pesos mensuales, Índices Veracruz 90,000 pesos, Nación Política 174,000 pesos, El Estatal 208,800 pesos. Igual ocurre de forma local con algunos mercenarios de la información o pasquines, que reciben abonos semanales para la difusión de comunicados.
Una red de portales creados o impulsados para aplaudirle, limpiar su imagen y atacar a quien exhiba sus irregularidades. El patrón es claro: dinero del municipio para proteger a Vania, no para informar a los cordobeses.
EL ARTE DE SILENCIAR CRÍTICAS
Con un sueldo de 130 mil pesos al mes, López González perfeccionó otra herramienta: convertir cualquier crítica en una denuncia por “violencia política de género”. Los expedientes judiciales muestran un uso reiterado de los tribunales para intimidar y callar.
Expediente TEV-PES-31/2022. Denunció al concejal Edmundo Sosa López por supuestas “miradas de odio”, risas y por responderle sin verla a los ojos. Incluso consideró violencia que la llamaran “señorita”. Todo lo convirtió en violencia de género para sancionar a un adversario político.
Expediente TEV-PES-2/2024. La Síndica llevó a tribunales notas periodísticas de Claudia Guerrero. Le molestó que un medio llamara “capricho” al Reborn Fest, evento que costó más de 2 millones de pesos al municipio. También dijo sentirse violentada porque le llamaron “vicealcaldesa”, término que ella permitía cuando medios aliados lo usaban para engrandecerla.
EL REVÉS EXPONE SU ARDID LEGAL
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —expediente SX-JDC-253/2025— frenó la estrategia de judicialización de Vania. Ratificó que no hubo violencia política de género contra la periodista.
El Tribunal concluyó: Las notas eran críticas, sí, pero protegidas por la libertad de prensa. No contenían estereotipos ni elementos de género. Los argumentos de Vania fueron infundados e inoperantes.
Incluso, cuando la periodista usó una frase dura para defenderse —“No negociamos con corruptas y delincuentes que roban el erario de Córdoba”— el Tribunal determinó que, aunque fuerte, no constituía violencia política de género. Ese fallo dejó claro que Vania usa el género como escudo político y como arma legal, buscando castigar voces incómodas.
RED DE CORRUPCIÓN QUE CÓRDOBA PAGA
Las denuncias en su contra no son invento: 5 millones recaudados del Mercado Revolución sin obras. Móviles iPhone y rentas pagados con el Fideicomiso de Parquímetros. Carlos Vergara, señalado como violentador de mujeres, cobrando como proveedor del Ayuntamiento mientras el Patio de la Estrella sigue perdido en manos privadas por despojo.
La compra de su nueva regiduría a través del Verde, mediante contratos por más de 2 millones de pesos, para favorecer despachos ligados a ese partido. Y ahora, un procedimiento electoral: el TEV-JDC-396/2025 ya le abrió expediente para revisar la legalidad de su designación como regidora. El OPLE debe explicar porqué ignoró las denuncias.
