

La periodista Maryjose Gamboa, actual Diputada electa por el Distrito Veracruz Urbano, fue sentenciada por un Juez Local a pasar un año y tres meses de prisión por el homicidio culposo, hace poco más de dos años, de un joven grafitero. La tragedia se suscitó debido a que la víctima no usó el puente peatonal para cruzar la avenida donde ocurrió el accidente automovilístico. Por respeto al fallecido y a su familia, la defensa de la comunicadora no insistió en hacer públicos los exámenes toxicológicos que arrojó la autopsia.
También como se comprobó por los peritajes federales, la noche de aquel 12 de julio de 2014, Maryjose detuvo el vehículo que conducía tras percatarse del impacto y auxilió a la víctima. Ella personalmente llamó a los servicios de socorro y a las corporaciones de vialidad. Es decir, no huyó del lugar, asumió su responsabilidad y se sometió a la investigación judicial pertinente. Empero, eso sirvió para que desde el Gobierno Estatal se desatara una persecución feroz en su contra, misma que la llevó a pasar ocho meses en prisión.
Maryjose Gamboa es una reportera crítica y honesta, siempre comprometida con las causas más decentes y el Gobierno Estatal no le perdona su aguda pluma ni tampoco que haya decidido ingresar a la lucha política, a invitación del Partido Acción Nacional (PAN), y peor aún, apoyada por el grupo que lidera el hoy Gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, enemigo jurado de la fidelidad.
Por eso, la Fiscalía veracruzana infringió las garantías constitucionales de la periodista. Le negó la fianza a la que tenía derecho, alteró los expedientes judiciales e incluso inventó peritajes forenses –todos esos fueron eliminados por los expertos del Gobierno Federal que intervinieron después- y dispuso de su encarcelamiento, primero en una celda provisional ubicada en el puerto de Veracruz, conocida como “El Penalito”, y después en el Reclusorio Regional de Tuxpan.
Maryjose sobrevivió a esos días azarosos porque la opinión pública mantuvo la atención sobre el caso. La periodista fue golpeada salvajemente en Tuxpan por órdenes de funcionarios estatales e incluso había la orden para que la agredieran físicamente los sicarios del crimen organizado allí recluidos. Por fuera, su familia sufrió persecución y amenazas. Su única hija le fue arrebatada por el exesposo, quien se prestó a los enjuagues oficiales para incrementar su tormento.
Muchas manos sucias intervinieron en esa venganza política contra Maryjose, desde los funcionarios estatales hasta el impresentable exgobernante que está dolido porque exhibió en su columna a uno de sus vástagos por desconocer a un hijo fuera del matrimonio que padece autismo. El tufo de la intervención del innombrable lo aportó el abogado de la fidelidad, Jorge Reyes Peralta, enviado a representar a la familia del joven fallecido y quien ayudó en la alteración del expediente y a la par, maquinó el despojo de su hija.
Pero todo el andamiaje que se usó para culparla y mantenerla en prisión –el propio fiscal, Luis Ángel Bravo, había anunciado que tendría una sentencia de hasta 16 años de cárcel- fue desechado por la Justicia Federal. El Juez encargado del caso, Luis Alberto Cobos, tuvo que excluir del expediente las agravantes de ebriedad y temeridad, y no le quedó otra que sentenciarla porque, a su decir, manejaba a 100 kilómetros por hora, más de lo permitido en la vialidad donde ocurrió el percance.
Es una pena conmutable por ser menor de cinco años y con el pago de una fianza Maryjose no regresará a prisión, además de que dicha sentencia será impugnada ante la Justicia Federal. No obstante, la lectura es interesante porque el juez Cobos ni siquiera la convocó para escuchar la sentencia, sino que la divulgó en la prensa a través de un comunicado difundido por el Gobierno Estatal. Cobos sabe que su falló está cargado de una intención política, que es apelable y que será anulado por algún juzgado federal. Solo son las ganas de fastidiar.
En teoría, Maryjose Gamboa no podrá ser detenida ni corre el riesgo de no rendir protesta en el Congreso Local el próximo 5 de noviembre. Empero, como es Veracruz, donde la Ley se tuerce a voluntad y donde hay un Gobierno fallido y vengador, la periodista debe andar con ‘pies de plomo’. Si ya la encarcelaron ilegalmente ocho meses, nada les cuesta reaprehenderla y mantenerla en prisión, sin importarles que con ello violen la Constitución del país. Más delicado aún es el riesgo de un atentado, pues Maryjose dice que sólo que la manden a asesinar no rendirá protesta como Diputada Local.
¡Alerta! No hay que darles ideas a los funcionarios estatales que no se detienen ante nada. Sobre todo cuando están acorralados por las circunstancias y dan los coletazos típicos de los estertores. Maryjose será una excelente Diputada, llevará al Congreso Local las demandas de la población y las defenderá en tribuna. Pisará intereses oscuros, desnudará a los corruptos y detendrá sus chanchullos, por eso es peligrosa para los que se van. Por eso también hay que velar armas frente los facinerosos que todavía tienen tres meses de poder.
CÓRDOBA, LA VIOLENTA
Como no sucedía desde los tiempos en que el innombrable gobernaba la Entidad con “el pinche poder en la mano”, según sus propias palabras, Veracruz registra una “ola” de violencia incontrolable. En los últimos seis días 50 personas han sido asesinadas, todo un récord, a razón de 5 o 6 homicidios diarios. Algunas de las víctimas terminaron en forma espantosa –sus cadáveres fueron mutilados- y otros cayeron en ejecuciones perpetradas a plena luz del día o en balaceras en centros urbanos.
En el puerto de Veracruz sucedió algo que no ocurría desde el 2007, un hombre fue perseguido a balazos por un grupo armado por varios puntos de la ciudad y cuando logró llegar al hospital de la Cruz Roja para pedir auxilio por las heridas recibidas, los sicarios entraron al nosocomio para rematarlo. Después se supo que la víctima era un exfuncionario municipal de Cardel que buscaba a su madre, secuestrada un día antes. Al parecer encaró a los plagiarios y estos lo persiguieron a balazos hasta darle alcance. Al día siguiente de su asesinato, los restos mutilados de su progenitora fueron arrojados cerca de una carretera. El horror, pues.
Mientras tanto, en Córdoba fue asesinado el comerciante Marco Antonio Crisantos durante un asalto en una cafetería del fraccionamiento San José. Este homicidio recuerda al del profesor Luis Sainz Sánchez, perpetrado el 4 de septiembre de 2014, también por un asaltante que llegó hasta la pastelería que era de su propiedad. Tales homicidios no fueron cometidos por el crimen organizado, pero si por la delincuencia común que también está enseñoreada en la Ciudad de los Treinta Caballeros.
De hecho, Córdoba es la tercera ciudad más violenta de la Entidad y una de las más peligrosas del país, de acuerdo a un reporte del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (IIHS-UV), que señala que la ciudad veracruzana más violenta es Poza Rica, seguida por Coatzacoalcos y atrás de Córdoba están el puerto de Veracruz y Xalapa, la capital.
El investigar Alfredo Zavaleta Betancourt, quien formó parte de ese análisis académico sobre la inseguridad en zonas urbanas de Veracruz, explicó a la prensa que fue una clasificación obtenida tras la revisión de las estadísticas en años recientes sobre asesinatos, secuestros, desaparición de personas y enfrentamientos armados, ligados a la operación de las células del crimen organizado.
Se ha dicho hasta el cansancio que en Córdoba la “ola” delictiva es producto de la permisividad oficial. Hasta el momento no han funcionado el Mando Único Policial ni los operativos “Córdoba Seguro” y “Blindaje Córdoba”, ni el ingreso de la llamada Fuerza Civil. Nada, los delincuentes se mueven y actúan a plena luz del día, enfrente de las corporaciones policíacas. Entonces no es difícil deducir que el origen de la “ola” de muerte es la tolerancia e incluso la complicidad de quienes deberían combatirla.
UNA DE RÍO DE JANEIRO
La semana cierra con la noticia de que México ganó su primera medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fue una de bronce, obtenida por el boxeador Misael Rodríguez, pero que supo a oro para los mexicanos tan decepcionados de la delegación de deportistas que acudieron a la justa internacional. Misael Rodríguez salvó el honor de la Nación con esa medalla, no importa el metal ni la posición, sino la esperanza que representa frente al desastre en la organización del deporte nacional.
Es más loable su triunfo porque a Rodríguez como a otros atletas les costó ir a Río de Janeiro, ya que fueron abandonados a su suerte por la Comisión Nacional del Deporte (Conade) que encabeza el inefable Alfredo Castillo Cervantes, ese que prefirió usar el dinero público para pagar el viaje y estancia a su novia en Brasil, que ayudar a los deportistas. Misael y otros boxeadores tuvieron que subir a los camiones para “botear”, es decir, pedir dinero a los pasajeros para juntar recursos para costear el viaje a Brasil.
Y aquí entra al escenario Veracruz o más bien un priista veracruzano de la zona Centro. Resulta que los boxeadores denunciaron que acudieron al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, para solicitar audiencias con los integrantes de las comisiones de Deporte, pero los legisladores ni los recibieron ni se dignaron a cooperar con un sólo peso para que pudieran viajar a los Juegos Olímpicos.
¿Quién fue uno de los que se escondió de los deportistas para no atenderlos ni ayudarlos económicamente? El orizabeño Fidel Kuri Grajales, uno de los secretarios de la Comisión de Deporte en San Lázaro. La paradoja es que Kuri Grajales lloriquea porque con el próximo Gobierno Estatal, que será de oposición, le cerrarán el flujo de recursos para el equipo Tiburones Rojos, cuya concesión le fue entregada por obra y gracia de la fidelidad.
Desde la temporada de campaña, Kuri pataleó y amenazó con llevarse al equipo de fútbol a otra Entidad si el Gobierno Estatal le cortaba el suministro de recursos que se le entrega bajo la etiqueta de apoyar al deporte profesional. Y contrariamente, Fidel Kuri les dio con la puerta en las narices a los boxeadores que pedían eso mismo que él pide a gritos: apoyo para el deporte profesional. ¿Incongruencia? No,
