La negligencia institucional traslada a la ciudadanía el costo de una obligación institucional, mientras los fondos reunidos son insuficientes para una solución duradera.
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- La omisión y revanchismo del Ayuntamiento de Córdoba hacia la comunidad de Agustín Millán se ha convertido en un claro ejemplo de desprecio contra la ciudadanía que castiga a la población. Ante el abandono total de las autoridades, los vecinos se han visto forzados a asumir con sus propios recursos la reparación de un crítico tramo de 90 metros de la carretera que los conecta con la ciudad, una obligación que corresponde al gobierno municipal.
La negativa de la administración del alcalde Juan Martínez Flores a destinar recursos para el bacheo es interpretada por la comunidad como una represalia directa por su oposición al proyecto del Centro de Transferencia de residuos, cuyos potenciales daños ambientales fueron ampliamente documentados y denunciados.
En una muestra de la desesperación y apoyo comunitario, los habitantes han iniciado una colecta que, hasta ahora, resulta claramente insuficiente. De acuerdo con testimonios recabados en campo, los esfuerzos vecinales han logrado reunir una cantidad módica que apenas raspa la superficie del problema. Un vecino de la comunidad lo expresó con crudeza: “Sí, sí tenemos un recurso, tenemos unos 15 mil pesos… Pero vamos por ahí, cooperando un poquito para ver si compramos de carpeta asfáltica”.
La magnitud del desafío se hace evidente al contrastar los ahorros de la comunidad con el costo real de los materiales. Mientras los 15 mil pesos juntados con sacrificio representan el esfuerzo de personas que, en su mayoría, “son fuera de la comunidad”, como dueños de carros de pasaje y otros apoyos externos, la realidad del mercado los golpea: “el viaje [de asfalto] vale más de 20 mil”. Esta cifra deja en evidencia que los fondos actuales ni siquiera cubren un viaje completo del material, obligándolos a reconocer que “vamos a tener que juntar otro tipo para completar el día”, señaló en entrevista Valente Jiménez Reyes subagente municipal de Agustín Millán.
El análisis de la situación revela una doble injusticia: no solo el gobierno evade su responsabilidad, sino que traslada la carga financiera y logística a los ciudadanos, quienes, además del dinero, deben aportar la mano de obra. Aunque hay disposición para la faena, la comunidad se enfrenta a una carrera contra el tiempo, consciente de que con la llegada de diciembre y el incremento del flujo vehicular, especialmente de trailers cañeros, el deterioro del camino “podría deteriorar la carretera” aún más.
