Filiberto Vargas Rodríguez / columnista
Prefacio
Le creció el tema al Gobernador de Veracruz y ya no halla cómo darle vuelta a la página. *** Ya despidió a los funcionarios de su Gobierno que se dedicaron a repartir despensas y apoyos con el logotipo del Clan Yunes. Ya su fiscal emitió el respectivo comunicado en el que anuncia que abrió una investigación ministerial en contra de esos servidores públicos, y ni así se aplacan. *** El PRI por una parte y Morena por otra (ahora tan unidos en la disputa por la Junta de Coordinación Política del Congreso local) han presentado denuncias en el ámbito federal por delitos de índole electoral. Ya la Fepade anunció que inició la investigación correspondiente. *** Hasta el Presidente Enrique Peña Nieto salió a advertir que no se permitirá que nadie lucre con la tragedia que viven los mexicanos. *** No es que la torpeza de esos funcionarios menores le vayan a provocar un conflicto de carácter penal al Gobernador de Veracruz, o a su hijo, el Alcalde de Boca del Río. Lo que sí va a pasar es que ya el Gobernador no podrá repetir esa cantaleta de que él no mete las manos en los procesos electorales. *** Nadie se lo creía, pero él asumía que repitiéndolo en cada oportunidad, terminarían por concederle el privilegio de la duda. Ese jueguito ya se agotó.
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Han pasado ya más de nueve meses de la actual Administración, y los proveedores y contratistas que tienen cuentas por cobrar con el Gobierno de Veracruz ven con preocupación que no hay voluntad de las actuales autoridades para liquidar esos pasivos.
Son múltiples los casos de empresas que han tenido que ser liquidadas, ahogadas por los adeudos que tiene con ellos el Gobierno estatal.
Esta semana se revivió el tema de la abrogación del Decreto 899, aprobada el 30 de diciembre del 2016.
Ese mandamiento afectaba el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para el pago de pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconocía el Gobierno del Estado en favor de proveedores y contratistas y que sentaba las bases para la creación de dos Fideicomisos Irrevocables para el cumplimiento de ese objeto.
Dicho decreto fue promovido por el entonces gobernador Javier Duarte y en él se incluía un “anexo” en el que se presentaba un listado de acreedores del Gobierno estatal, así como los montos pendientes de cubrir, los que sumaban más de 11 mil millones de pesos.
En la iniciativa presentada para abrogar dicho decreto se hace una detallada explicación de las irregularidades de dicho ordenamiento, pero además se cuestiona la legalidad de los acuerdos financieros entre el Gobierno estatal y los proveedores y contratistas enlistados en el “anexo único”.
La lógica que se plantea es contundente:
“Si el artículo 126 de la Constitución Federal establece que no puede realizarse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto, por consiguiente no debería existir ningún contrato celebrado por el Poder Ejecutivo, bien sea de la Federación o de una Entidad Federativa; en ese orden de ideas, si los supuestos contratos celebrados por el Gobierno de Veracruz respecto de los cuales expuso al Congreso Local la existencia de saldos insolutos no contaron con una partida contemplada en el Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente a la pretendida contratación, entonces implicaría la confesión expresa de haber procedido en forma ilegal al momento de realizar las supuestas contrataciones”.
Pero además: “Por el contrario, si no se hubiese violentado lo preceptuado por el Artículo 126 de la Constitución Federal y se contaba con la partida presupuestal con suficiencia de recursos al momento de haber contratado con los proveedores y contratistas, luego entonces no habría existido razón o motivo por el cual el Gobierno del Estado no hubiese honrado los pagos y por tanto el Ejecutivo Estatal no habría estado en condición de reconocerles el carácter de acreedores, con la complacencia del Congreso Local; puesto que si hubiese existido la partida de gasto autorizada en el Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente, no existiría tampoco justificación para que los pagos procedentes se hubieran dejado de realizar”.
Ahí está el meollo del asunto. Los acreedores del Gobierno estatal deberán demostrar que en su momento, cuando fueron contratados sus servicios o adquiridos sus productos, la dependencia estatal demostró que había suficiencia presupuestal para realizar dicho acto. Si no se cubrió dicho requisito, el actual Gobierno no reconocerá la deuda.
Si en el acuerdo comercial se incluyó la constancia de “suficiencia presupuestal”, el Gobierno estatal habrá de responder por el incumplimiento de pago, pero de forma automática deberá proceder penalmente contra quienes no saldaron dicho adeudo. Pero para resolver todas esas dudas, es menester que las autoridades del Gobierno estatal y los acreedores se sienten a revisar cada caso, y eso no ha sido posible.
Este lunes, el presidente de Canaco-Servytur, Gerardo Libreros Cobos, dio a conocer que los empresarios integrados en ese organismo iniciaron demandas civiles y mercantiles en contra del Gobierno del Estado, “ante la negativa de la Secretaría de Finanzas y Planeación a tener un diálogo y acordar pagos sobre las deudas pendientes”.
Libreros Cobos advirtió que el Gobierno del Estado no debe desconocer los adeudos que dejó la Administración estatal pasada, porque son compromisos institucionales, no de una persona física.
En la misma circunstancia están otras organizaciones empresariales, como la Canacintra.
De algo pueden estar seguros los empresarios acreedores. Si hay un tema que está borrado hoy de la agenda del Mandatario estatal, es el del pago a proveedores.
Los tribunales son una buena vía para tratar de rescatar lo que el Gobierno de Veracruz les escamoteó.
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Epílogo
En el fraccionamiento La Florida, del Puerto de Veracruz, en las jardineras de un corredor, fue localizada sin vida la joven Claudia Alondra Suárez Correa, de 21 años de edad. Presentaba una herida en el cuello, al parecer provocada con arma punzocortante. La joven fue reconocida por su madre, Claudia Correa, quien dijo que su hija estuvo fuera de casa desde la noche previa, en compañía de su novio Luis Gustavo García, y que durante la madrugada una vecina le avisó que su hija estaba tirada y ensangrentada. *** La madrugada del domingo robaron en las oficinas del Comité estatal de Morena. Los hechos se registraron en la calle Simón Bolívar número 70, de la colonia José Cardel, en Xalapa. En el recuento de los daños se mencionó la sustracción de computadoras de las áreas Electoral, de Presidencia, de Organización y de Transparencia. El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta, indicó que este hecho muestra el “modus operandi” del actual Gobernador. Algo le sabrá.
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