AGENCIA
Ciudad de México.- La organización Defensorxs presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 55 políticos de Morena y otros partidos, a quienes acusa de presuntos vínculos con el crimen organizado y de haberse beneficiado de la llamada “narcoelección” registrada en Sinaloa durante el proceso electoral de 2021.
Entre los principales señalados se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien la organización acusa de mantener presuntos nexos con grupos criminales que operan en la entidad.
Durante un posicionamiento público, Miguel Meza, director de Defensorxs, afirmó que desde hace años han documentado supuestas relaciones entre actores políticos y organizaciones delictivas, sin que —aseguró— las autoridades mexicanas hayan actuado.
“No es posible que dependamos de la presión de otro país para que estos narcopolíticos se enfrenten a la justicia”, declaró.
La organización también acusó al gobierno federal y a la FGR de presuntamente proteger a funcionarios relacionados con el crimen organizado y sostuvo que las investigaciones comenzaron a avanzar únicamente tras la presión ejercida por autoridades estadounidenses.
Según Defensorxs, la presunta intervención del crimen organizado en Sinaloa no sólo habría influido en la elección a la gubernatura, sino también en alcaldías y diputaciones locales, por lo que calificaron a Morena como un “narcopartido” en la entidad.
Además de los funcionarios ya señalados por autoridades de Estados Unidos, la denuncia incluye al exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “Pity” Velarde, así como al exgobernador priista y actual cónsul de México en España, Quirino Ordaz, por su presunta participación en la elección de 2021.
La organización aseguró que en total fueron denunciados 17 alcaldes morenistas, 23 diputados locales y cinco diputados federales de Morena, quienes supuestamente se beneficiaron de operaciones electorales ligadas a la facción criminal de Los Chapitos.
Durante el mismo pronunciamiento, Miguel Meza también criticó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al señalar que dentro de ese partido también existirían perfiles relacionados con grupos criminales.
Asimismo, Defensorxs solicitó ser reconocida como víctima del “narcoestado” en Sinaloa para participar activamente en las investigaciones y evitar, según dijeron, que las autoridades actúen “en la oscuridad”.
Las acusaciones se dan días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos formales contra once funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluyendo a Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y mandos policiales estatales y municipales.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa y específicamente con la facción de Los Chapitos, proporcionando protección política, información confidencial y apoyo institucional a cambio de millonarios sobornos.
La acusación fue presentada por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con la DEA.
Tras darse a conocer las investigaciones, Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez y el vicefiscal Dámaso Castro solicitaron licencia a sus cargos mientras continúan las indagatorias.
