AGENCIA
Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reconoció graves fallas en la investigación por la desaparición y posterior identificación de Julio César Cervantes Cabañas, cuyo cuerpo fue entregado sin autorización de su familia a la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para prácticas académicas e investigación.
Durante un acto público realizado en cumplimiento de la Recomendación 09/2025 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, autoridades capitalinas ofrecieron una disculpa pública a los familiares de la víctima, especialmente a su madre, Laura Cabañas, quien durante años recorrió fiscalías, servicios forenses y dependencias oficiales buscando a su hijo sin saber que ya había sido localizado sin vida.
El coordinador general jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía capitalina, Omar Gutiérrez Lozano, reconoció que existieron omisiones institucionales y deficiencias en el proceso de búsqueda, identificación y notificación a la familia.
Entre las irregularidades admitidas se encuentran la falta de una búsqueda inmediata, deficiente atención a los familiares, ausencia de protocolos especializados pese a que la víctima tenía discapacidad, así como fallas de coordinación entre ministerios públicos, policías y peritos.
“Este acto no pretende cumplir una formalidad sino que tiene el significado de asumir públicamente la responsabilidad institucional”, expresó el funcionario.
Julio César Cervantes Cabañas desapareció en 2021 en la Ciudad de México. Su cuerpo fue localizado desde enero de 2024 en una jardinera de la alcaldía Coyoacán, pero la familia jamás fue notificada oficialmente.
De acuerdo con el testimonio de Laura Cabañas, el cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y apenas cinco días después entregado al IPN sin autorización familiar, pese a que las autoridades contaban con sus datos de contacto.
La madre denunció que el cuerpo de su hijo fue utilizado durante meses en prácticas médicas, actividades académicas e investigaciones universitarias.
“Lo llevaron al Incifo y a los cinco días lo donaron. Lo donaron sin mi autorización a pesar de que tenían todos mis datos”, reclamó.
La mujer relató que durante años acudió constantemente a fiscalías e institutos forenses en distintos estados del país con la esperanza de encontrar a su hijo con vida.
“Cada que salía lo hacía ‘como Colón’, besando el suelo porque sentía que mi hijo todavía vivía”, expresó.
La verdad salió a la luz tras una llamada anónima de una persona que conocía la identidad de Julio César y sabía que su madre continuaba buscándolo.
Según Laura Cabañas, el cuerpo permaneció alrededor de diez meses en la institución educativa antes de ser regresado al Incifo y posteriormente entregado a la familia para su sepultura.
La madre también denunció que al recuperar el cadáver detectó la ausencia de varios órganos.
El caso ha generado indignación y cuestionamientos sobre los protocolos de identificación humana, el manejo de cuerpos no identificados, la coordinación entre instituciones y el trato hacia familias de personas desaparecidas.
La Recomendación 09/2025 concluyó que existieron violaciones a los derechos humanos tanto de Julio César como de sus familiares, además de omisiones graves en la investigación y búsqueda.
Hasta ahora, las autoridades no han informado si habrá sanciones administrativas o penales contra los funcionarios involucrados en el manejo del caso.
