AGENCIA
Acapulco, Gro.- La difusión de un video en redes sociales que muestra un presunto matrimonio infantil en la comunidad de Huamuchitos, municipio de Acapulco, generó indignación nacional y reavivó el debate sobre la persistencia de prácticas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes en diversas regiones del país.
En las imágenes compartidas en Facebook se observa a dos menores identificados como Jesús y Jennifer, ambos de 13 años, siendo trasladados en una camioneta pasajera rumbo a una cancha techada del poblado, donde posteriormente se realizó una celebración con música, convivencia familiar y animales que presuntamente serían sacrificados para la fiesta.
Tras viralizarse el caso, la Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que abrió una carpeta de investigación por el probable delito de trata de personas, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades relacionadas con la unión entre los adolescentes.
El caso volvió a exhibir una problemática que persiste en comunidades rurales e indígenas de Guerrero, particularmente en regiones como La Montaña y Costa Chica, donde durante años las uniones tempranas y matrimonios infantiles han sido tolerados o justificados bajo usos y costumbres, pese a las prohibiciones legales vigentes.
Aunque desde 2019 el matrimonio infantil está prohibido en todo México y la ley establece que únicamente personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio, organizaciones civiles han advertido que la pobreza, la falta de acceso a educación, la desigualdad y el abandono institucional siguen permitiendo este tipo de prácticas.
En Guerrero, desde 2022 fueron aprobadas reformas para sancionar las uniones infantiles y castigar conductas relacionadas con este tipo de actos, con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión.
Sin embargo, colectivos defensores de derechos humanos señalan que las reformas legales han resultado insuficientes en comunidades donde prevalecen condiciones de marginación extrema y ausencia de programas efectivos de protección para menores.
El caso también generó fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la falta de vigilancia de autoridades municipales, educativas y de protección infantil, al considerar que este tipo de situaciones continúan ocurriendo ante la indiferencia oficial.
Especialistas han advertido que las uniones tempranas afectan gravemente el desarrollo físico, emocional y educativo de niñas y adolescentes, además de perpetuar ciclos de violencia, pobreza y exclusión social que por décadas han golpeado a comunidades vulnerables del país.
