AGENCIA
Colima.- La expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, fue vinculada a proceso junto con exintegrantes de su gabinete y del Cabildo, acusados de autorizar un bono de subsistencia equivalente a tres meses de sueldo para cerca de 200 trabajadores de confianza, incluidos funcionarios y regidores, lo que representó un gasto de 25 millones 547 mil pesos al cierre de su administración.
La jueza de control consideró que existen elementos suficientes para proceder penalmente en su contra por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y violaciones a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Además de la exalcaldesa, fueron vinculados Héctor Ramírez, exoficial mayor; Eduardo Camarena, extesorero; Héctor Luna, exdirector de recursos humanos; las exregidoras Rosa Herrera, Karla Nai y Zarina Jocelyn Calleros; el exregidor Daniel Mendoza; y las actuales regidoras Martha Zepeda del Toro (MC) y Sara Valdovinos (PRI).
A estas últimas, la jueza ordenó su separación temporal del cargo mientras avanza el proceso, que continuará en libertad para todos los implicados durante los tres meses fijados para la investigación complementaria.
La resolución generó reacciones en el ámbito político, pues Griselda Martínez ha sido una de las principales críticas de la gobernadora morenista Indira Vizcaíno Silva. Tras su expulsión de Morena el año pasado, la exalcaldesa se incorporó a Movimiento Ciudadano y fue candidata al Senado.
El excandidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, acusó en redes sociales que Vizcaíno y la actual alcaldesa de Manzanillo, Rosa María Bayardo, también morenista, “acosan” a Martínez y a Martha Zepeda. “Siguiendo el mal ejemplo de Veracruz y Campeche, pervierten las instituciones judiciales para perseguir a sus adversarios”, escribió en X.
Por su parte, Griselda Martínez rechazó los señalamientos y sostuvo que el caso responde a intereses políticos: “Seguiremos defendiendo y argumentando lo que hemos venido sosteniendo: No hemos cometido ninguno de los delitos que se nos imputan”. Incluso acusó que la jueza Brenda Ivonne Zepeda Alcaraz, quien dictó la vinculación, actuó “por consigna”.
Desde el PRI, la dirigencia estatal calificó de “desproporcionada e injustificada” la separación del cargo de la regidora Sara Valdovinos, advirtiendo que se trata de una medida que “lesiona la vida democrática de los municipios”.
